Anticorrupción rechaza hacer una "macrocausa" de los Pujol

Fuentes de Anticorrupción señalan que hay que tener en cuenta que las investigaciones son aún muy incipientes, afectan a hechos muy concretos y diferentes en cada caso y no existe por el momento ningún punto de conexión. En todo caso la existencia de un eventual "macroproceso" contra los Pujol iría en contra de la agilidad de las investigaciones

En contra de esta postura se ha venido manifestando Manos Limpias, que presentó la querella contra Jordi Pujol y su esposa en Barcelona y ha solicitado personarse en la que desde hace meses instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra el primogénito del expresidente de la Generalitat y su esposa Mercé Gironés por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Según señaló el secretario general del sindicato, Miguel Bernad a principios del pasado mes de agosto "los dos casos están conectados" ya que "en el entramado societario de Jordi Pujol hijo está metido el padre". Por esta relación tan estrecha, desde el sindicato sopesan que en el caso de que la juez de Barcelona inicie actuaciones contra Jordi Pujol la causa pueda unirse finalmente a la que instruye el juez Ruz.

Pendiente confirmación de la admisión

La querella presentada por Manos Limpias ante la juez de instrucción número 31 de la ciudad condal ha sido admitida a trámite. Contra esta decisión recurrió el abogado del expresidente, Cristóbal Martell, y que está pendiente de ser confirmada tras recibirse el escrito del Ministerio Público, cuyo contenido es contrario a las impugnaciones del letrado.

Manos Limpias presentó querella contra Pujol y Ferrusola por presuntamente defraudar hasta 3.000 millones de pesetas --unos 18 millones de euros-- y cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones durante los 23 años en los que el político dirigió la administración catalana. El asunto ha sido encargado al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

El sindicato calcula que el dinero defraudado por la familia con la comisión continuada de los delitos contra la hacienda pública, blanqueo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental oscilaría entre los 10 y los 18 millones de euros, y pide que se cite a declarar al matrimonio en calidad de imputados, y a sus hijos Jordi, Oleguer, Oriol y Marta como testigos.

En la querella se recoge también que varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional --a la que pide que se incorporen a la causa-- reflejan que se detectaron 137 millones de euros en una sola cuenta y que "CiU se quedaba con el 4 por ciento de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas: de ese peaje el 2,5 por ciento se empleaba para financiar a CDC, y el otro 1,5 por ciento acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol)".

También argumenta que la unidad policial atribuye gran parte del dinero detectado en diversos paraísos fiscales al "cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del ejecutivo autonómico catalán entre 1980 y 2003".

Se describe también que empresas de la familia de Jordi Pujol padre mantuvieron negocios con la Generalitat y obtuvo adjudicaciones: la empresa Hidroplant, de Marta Ferrusola; la consultora ambiental Entorn, de la familia; el despacho de arquitectura de Marta Pujol y las sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer.

Colaboración de Andorra

Por lo que respecta a la investigación de Ruz sobre Jordi Pujol Ferrusola, este lunes se ha conocido que la juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción.

Así consta en un auto dictado por la magistrada el pasado 28 de agosto en el que la juez admite a trámite la comisión rogatoria que Ruz cursó el pasado 29 de julio para solicitar los datos bancarios de Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironés, aunque recuerda los límites que incluye la jurisdicción andorrana sobre este tipo de peticiones de información.

Ruz, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, interrogará a ambos el próximo 15 de septiembre en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.