Anticorrupción pide a Andreu que divida la causa del Popular e instruya en una pieza separada la ampliación de capital

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que "no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad".

Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil" no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el "descrédito y la desconfianza" que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas "potencialmente perjudicados".

El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, par hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.

NO ACTÚA CONTRA EL BdE NI LA CNMV

Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.

No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.