La destituida Annabel Marcos pasó de denunciar el acoso al Parlament a transportar urnas del 1-O y homenajear a Trapero

La destituida Ana Isabel Marcos, responsable del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), pasó de denunciar en la Audiencia Nacional el acoso que sufrió como diputada de CiU cuando miles de manifestantes asediaron el Parlament en 2011 a transportar urnas del referéndum ilegal del 1-O. Días después, presidió en la escuela de formación de los Mossos d'Esquadra un acto en el que se homenajeó al entonces mayor Josep Luís Trapero, al que la Audiencia Nacional ya había retirado el pasaporte al investigarle por un delito de sedición.

Ningún representante de la judicatura, Guardia Civil, Policía Nacional y el Ejército participó el pasado 20 de octubre en este acto oficial de apertura del curso académico de los Mossos, organismo dependiente del ISPC, al que se les había invitado como en anteriores ocasiones.

Fue presidido por el entonces director de los Mossos, Pere Soler, y la directora del ISPC, Annabel Marcos, destituida de este cargo dependiente de la Consejería de Interior por decisión del Ministerio del Interior en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras tener conocimiento de que trasladó ocultas en un coche urnas para los centros de votación durante el referéndum ilegal del 1-0.

También asistió al acto en la escuela de los Mossos Ferran López, 'número dos' de Trapero y hoy comisario jefe. Un día antes, la Fiscalía de Barcelona anunció que había roto relaciones con este instituto, desvinculándose de las clases y conferencias debido a la situación política y el cuestionado papel de la policía catalana durante el 1-O.

La destitución de Annabel Marcos se produce casi seis meses después de aquel sonado plantón de las instituciones del Estado que, al contrario de años precedentes, decidieron no asistir a la apertura del año académico de la escuela de formación de los Mossos.

Ya por entonces, la policía catalana era muy cuestionada por su inacción durante el referéndum del 1-O. De hecho, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución una semana después, el 28 de octubre.

Trapero todavía ejerció como máximo jefe de los Mossos en el acto de apertura del año académico al que a última hora excusó su presencia el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, también cesado en aplicación del artículo 155 y en la actualidad en prisión al estar procesado por rebelión y malversación por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

OVACIÓN A TRAPERO EN LA ESCUELA DE LOS MOSSOS

Trapero, que fue citado por primera vez en la Audiencia Nacional el 6 de octubre y quedó en libertad con medidas cautelares al ser acusado de un delito de sedición, fue ovacionado por los asistentes al acto, que le aplaudieron de pie unos minutos cuando la exdirectora del ISPC Núria Aymerich dedicó una de las distinciones a él y a los Mossos "como signo de admiración por su voluntad de servicio, compromiso y lo que representan".

El Ministerio Público y el TSJ de Cataluña habían ordenado a la policía catalana que interviniera urnas y evitara la votación en una actuación cuestionada desde entonces por los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y en parte también por la propia información remitida por los Mossos a la Audiencia Nacional.

De hecho, Annabel Marcos, exdiputada de CiU y hasta ahora directora del ISPC, ha sido destituida este martes por el Ministerio del Interior después de que 'El Español' informara de que una de las cientos de actas de los Mossos remitidas a la Audiencia Nacional la identifican como una de las personas que ocultó en coches al menos una urna del 1-O.

Fue la propia policía autonómica la que localizó su vehículo esa jornada y confirmó que era ella, la exdiputada y alta responsable de la Conselleria de Interior de la Generalitat, quien lo conducía y quien transportaba al menos una de las urnas.

CRISIS DE ANSIEDAD EN EL ASEDIO AL PARLAMENT

Annabel Marcos tomó notoriedad por su testimonio en la Audiencia Nacional hace justo cuatro años, el 2 de abril de 2014. La entonces parlamentaria de CiU reconoció que sufrió "mucho miedo" cuando una multitud se dirigió hacia ella con una "actitud bastante agresiva" y uno de los exaltados le agarró del brazo mientras otro le filmaba contra su voluntad.

Se refería a la multitud que rodeó el 15 de junio de 2011 el Parlament de Cataluña. Aquel día, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder en helicóptero a la Cámara mientras cerca de un millar de personas ocupaban los accesos para evitar que se celebrase la votación de los Presupuestos autonómicos, que incluían duros recortes. Los informes policiales remitidos al Tribunal Supremo señalan que semanas después la Generalitat inició los contactos con otros grupos y asociaciones para iniciar el 'procés'.

Ana Isabel Marcos i Vilar aseguró que identificó en comisaría a la persona que le llegó a sujetar del brazo derecho mientras le decía: "Ahora toca sesión fotográfica; sonríe". En un principio, confundió a ese hombre con un reportero ya que portaba un brazalete naranja similar al utilizado por la prensa, le pidió "auxilio" y le dijo que se sentía "muy intimidada", pero este hizo caso omiso y siguió filmándole. Aquel episodio le obligó a recibir tratamiento médico de ansiolíticos, según su relato.

El extenso relato de Marcos incluyó referencias a los "insultos, amenazas y lanzamiento de bolsas de basura, botellas y un líquido". "Hijos de puta, la crisis es por culpa de los políticos, no entrareis en el Parlament, los compañeros tuyos ya han entrado, pero vosotros no entrareis", les gritaban.

La Audiencia Nacional absolvió en 2014 a 19 de los 20 acusados del asedio al Parlament catalán en 2011. Con un voto particular del presidente del tribunal, el juez Fernando Grande-Marlaska, sólo una persona fue señalada culpable por una falta por pintar una cruz en la espalda de la diputada del PSC Montserrat Tura.

Un año después, el Tribunal Supremo anuló la absolución dictada por la Audiencia Nacional, condenando a ocho de los procesados por un delito contra las instituciones del Estado. Dicho fallo fue recurrido en el Tribunal Constitucional.