Andalucía recurrirá ante el TS las 'reválidas' si el Gobierno no rectifica

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha acordado solicitar la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para abordar las 'reválidas" de Secundaria y Bachillerato.

Vázquez ha asegurado que "si el Gobierno persiste en su línea de falta de diálogo" la Junta "interpondrá el pertinente recurso" por vía contencioso-administrativa contra las reválidas de Bachillerato y Secundaria, como ya ha hizo contra las reválidas de Primaria ante el Supremo y contra el conjunto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según el portavoz, existen "razones sobradas" para recurrir el decreto que regula las reválidas de ESO y Bachillerato porque jurídicamente "presenta vicios de nulidad, carece de memoria económica y de impacto de género y lo aprueba un Gobierno en funciones que extralimita sus competencias".

Además, ha advertido de que desde el punto de vista pedagógico establece un modelo "segregador" que es "rechazado por la práctica totalidad de la comunidad educativa", y desde el punto de vista competencial "no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas sobre la forma y el contenido del Real Decreto".

En el caso concreto de Andalucía, Vázquez ha alertado de una "posible invasión de competencias autonómicas" que afecta a su propio "modelo educativo y de evaluación" y ha subrayado que la implantación de las nuevas reválidas ha generado "una enorme incertidumbre en el acceso a la Universidad, donde antes había seguridad jurídica y ahora no la hay" porque "ni docentes, ni alumnos ni familias saben cómo va a terminar el curso escolar".

Entiende que este modelo "no aporta ni formación ni motivación", sino que "busca segregación". "Las reválidas son un auténtico despropósito", ha aseverado Vázquez, que cree que a este panorama se suma otro elemento de "complejidad y falta de previsión del Gobierno de la Nación y del Ministerio de Educación".

Se refiere a que para aprobar la orden que desarrolla el referido decreto de las reválidas es necesario un informe preceptivo del Consejo Escolar, una institución que "está en una situación de bloqueo" y el Gobierno en funciones no puede nombrar a los sustitutos de los altos cargos.

El Gobierno considera que el bloqueo del Consejo Escolar debe ser un elemento más para que el Ejecutivo "recapacite y dé marcha atrás" porque la reválida es "una vuelta de tuerca a la enseñanza entendida como una carrera de obstáculos" y supone "un salto a medio siglo atrás".

Así, ha abogado por agotar los cauces políticos e institucionales para intentar que el Ejecutivo central "recapacite". También ha rechazado "la cerrazón del Gobierno por imponer la LOMCE contra la totalidad de la comunidad educativa" y ha insistido en que esta norma "perjudica a los jóvenes, empeora gravemente el desarrollo del currículo educativo" y es una ley "nociva, perversa y que liquida la esperanza de muchos jóvenes".

COMISIÓN GENERAL DE LAS CCAA DEL SENADO

Así las cosas, la Junta ha acordado solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para valorar la situación generada por el "despropósito" de las reválidas que contempla la "nefasta" LOMCE.

Esta petición, como ha explicado Vázquez, "se fundamenta en la falta de consenso con la que ha entrado en vigor esta normativa básica", así como en la necesidad de alcanzar cuanto antes un gran pacto sobre la educación a nivel nacional. Y es que la Junta considera que este modelo de evaluación impuesto a través de la Lomce "no aporta formación ni motivación al alumnado, sino que sólo logra dificultarle la obtención de la titulación y segregarlo en función de los resultados obtenidos".

El Gobierno andaluz subraya que la nueva normativa de las reválidas, "lejos de regular evaluaciones competenciales, consolida pruebas meramente conceptuales destinadas a comprobar lo memorizado por el alumnado". Se crean así "situaciones de incertidumbre e inquietud a los estudiantes y sus familias, al obligar a demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la etapa en un único momento aislado". Y esto puede condicionar, como ha advertido, "el futuro académico de los alumnos de manera decisiva, llegando incluso a limitar definitivamente el progreso educativo".

Ha explicado que, de hecho, la no superación de las revalidas de ESO y Bachillerato conlleva "la no obtención de los títulos de estas enseñanzas", o que de acuerdo con la nueva normativa, el alumnado de Secundaria que no apruebe esta evaluación "sólo podría matricularse en ciclos de Formación Profesional Básica, mientras que los de Bachillerato no podrían ni acceder a la Universidad ni matricularse en enseñanzas artísticas superiores, quedando con la única posibilidad un ciclo de FP de Grado Superior".

"Hasta ahora, en estas etapas se titulaba en función del logro de objetivos y la adquisición acreditada de las competencias, frente a la evaluación ajena al proceso de aprendizaje que impone la Lomce", ha apostillado el portavoz.

Vázquez ha subrayado que estas evaluaciones no aportan ningún beneficio pedagógico al alumnado ni a los centros, introduciendo por el contrario "dificultades sobrevenidas y condicionando de forma negativa la organización educativa de las comunidades autónomas", ya que "resulta inviable la realización de una misma prueba en la misma fecha en el conjunto de España".

El Gobierno andaluz defiende un modelo de evaluación desarrollado en la comunidad, "integrado en la práctica docente y con factores de equidad que aportan equilibrio a la educación y favorecen el éxito escolar del alumnado en función de sus capacidades, intereses y expectativas".

A su juicio, todas estas cuestiones deben ser debatidas con urgencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, órgano del Senado que, entre otras funciones, facilita la participación de los gobiernos regionales en los asuntos que se tramitan en la Cámara Alta y que afectan al ámbito de sus competencias.