Colau prevé sanciones a suministradoras si no colaboran contra la pobreza energética

En rueda de prensa este miércoles con las tenientes de alcalde Laia Ortiz y Janet Sanz, ha detallado que estudian sancionar a las compañías si cortan suministros sin respetar el principio de precaución y si no disponen del informe de exclusión que prevé la Ley de emergencia habitacional y pobreza energética, que el Parlament aprobó en julio tras una ILP de Alianza contra la Pobreza Energética, Desc y PAH.

Ha concretado que esta ley contempla sanciones de 7.000 a 10.000 euros según la gravedad y reiteración de la infracción, y que los servicios jurídicos estudian cómo implementarlas.

Ortiz ha dicho que podrían tener la instrucción en un mes o mes y medio, y ha advertido: "A menos que en los próximos días cambien de actitud, que esperamos que pase, pasaremos a la aplicación de la ley".

Ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento no es sancionar, sino acordar protocolos y convenios con las compañías: lo intentan hace meses pero "desgraciadamente, en todo este tiempo no se ha podido avanzar en corresponsabilización y garantía de evitar los cortes".

LLAMA AL DIÁLOGO

Según Colau, "Endesa y Gas Natural no han querido avanzar en la firma de un convenio o protocolo"; Sanz ha añadido que han encontrado más colaboración en Aigües de Barcelona, y ha recordado que Ayuntamiento y Área Metropolitana de Barcelona (AMB) apuestan por ganar control público en la gestión del agua.

La alcaldesa ha llamado a un diálogo con las compañías que concrete los convenios y protocolos para avanzar en la corresponsabilización: "Nuestra voluntad no es recurrir al régimen sancionador pero, si no nos dan otra alternativa", se hará, advierte.

"De momento, la única ley que están cumpliendo Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo", según Colau, que también ve falta de transparencia, por lo que exige a las compañías información vinculada a la pobreza energética.

Ha propuesto a la Generalitat "ir todos juntos a hablar con estas compañías para convencerlas de lograr estos convenios y protocolos de forma voluntaria", y también le ha pedido facilitar la aplicación de esta ley y las sanciones que prevé, algo para lo que se ha ofrecido a colaborar.

Colau ha insistido en que la Generalitat mejore la implementación de esta ley y que ambas administraciones se coordinen al máximo: "Lo mejor que se puede hacer es ir de la mano".

De momento no tiene agendada una reunión con el Govern sobre esto, pero Colau ha recordado que, en su reunión con el presidente de la Generalitat, ya acordaron tratarlo en la comisión mixta, que confía en que se convoque pronto.

CONTRATACIÓN Y SANCIONES

Colau ha advertido también de que la legislación prevé que las infracciones graves reiteradas pueden "llevar a que la administración deje de trabajar con algunas compañías", y Ortiz ha añadido que los incumplimientos graves implican penalizaciones y la exclusión de la contratación pública.

Según la alcaldesa, la pobreza energética impacta en la salud, las relaciones intrafamiliares y el futuro de las familias, por las deudas que genera, ya que suponen una "probable condena a la exclusión".

Además, ha vinculado la situación a la privatización del sector, alegando que ha generado un oligopolio que logra grandes beneficios mientras sube sus precios un 60% en la electricidad y un 66% en el agua en los últimos cinco años.

MÁS AYUDAS

Laia Ortiz ha asegurado que las compañías "no creen que estén prestando un servicio esencial para la vida de la gente, y, ante esta insensibilidad, hace falta todo tipo de medidas para que sean conscientes de que son derechos básicos".

El Ayuntamiento tiene un convenio con las compañías desde 2014 --antes de aprobarse la ley-- y puso en marcha puntos de información energética, campañas informativas y un plan que ha dado empleo a 100 parados que han realizado 5.000 auditorías energéticas.

La teniente de alcalde también ha destacado que en 2015 hubo un 25% más de familias que recibieron ayudas ante la pobreza energética, alcanzando las 5.062, y con un total de 778.000 euros (un 22% más que en 2014), medida a la que se suma la apuesta por rehabilitar el interior de viviendas, ha recordado Sanz.