Abogada PSOE defiende que había un "acuerdo en firme" para mejorar la reputación de Pedro Antonio Sánchez

A su llegada al Palacio de Justicia, donde Sánchez ha sido citado a declarar este martes a las 10.00 horas, la abogada ha mostrado su esperanza en que la jornada transcurra "bien" y que el ex presidente de la Comunidad "colabore y declare", a pesar de mostrar sus dudas a que conteste a sus preguntas.

Ha señalado que las preguntas que planteará a Sánchez son sobre los hechos que ya dan por indiciariamente probados el juez de Instrucción número 6 de Madrid, "que es lo que le lleva a elevar la exposición razonada", y si en base a los hechos que considera indiciariamente probados, "él tiene algo más que añadir".

"Desde luego han sido suficientes indicios como para dictar auto de transformación con respecto al resto de implicados, así que no entenderíamos que aquí no sucediese lo mismo", ha señalado la abogada del PSOE.

A su parecer, sí que existen "suficientes indicios" como para abrir juicio oral a Sánchez. "Si hay para el resto de implicados, por qué para él no", se pregunta la abogada.

Por ejemplo, recuerda que se ha elevado una exposición razonada con respecto a la otra aforada, la senadora Pilar Barreiro, "por los mismos hechos, porque ella en parte colabora en los hechos que se producen aquí". Por eso, De Pascual no entendería que no siguieran el mismo curso.

A su juicio, se considera que está acreditado que Sánchez "llegó a un acuerdo para que se le hicieran un contrato de reputación y de mejora de imagen en la red y que esto se iba a pagar con cargo a fondos de la Consejería que él presidía en ese momento, la de Educación, bajo el título amplio de formación".

Respecto al argumento de la defensa, que esgrime que no se firmó ningún contrato ni se pagó ninguna cantidad, De Pascual ha señalado que "hay cosas que no hace falta que se ejecuten para que el mero acuerdo ya sea penalmente relevante".

"Pero claro, la defensa tiene que defenderse, si no, no sería defensa", afirma la abogada, quien destaca que no existía solo la intención, sino que ya habían llegado a un acuerdo para hacerlo y para que empezase a ejecutarse el 1 de noviembre. El problema, añade, es que "llegó la UCO y se acabó todo, porque intervinieron, detuvieron a parte de los implicados y eso no siguió adelante, pero el acuerdo estaba en firme".