La AN confirma el archivo de los incidentes entre Greenpeace y la Armada

La acción de la organización ecologista se desarrolló contra el buque perforador de Repsol, Rowan Renaissence, con la intención de "realizar una protesta pacífica contra las prospecciones que pondrían en peligro las aguas y la economía de Canarias". Una de las activistas, de nacionalidad italiana y 23 años, cayó al mar y sufrió cortes y una fractura por impacto de las hélices de la lancha en la que viajaba.

En el auto que se ha dado a conocer este viernes, la Sala comparte "plenamente" los razonamientos dados por el juez instructor en su resolución del pasado febrero, en la que decidió sobreseer la causa contra dos militares denunciados por la asociación de defensa del Medio Ambiente y contra la miembro de Greenpece. Los hechos desembocaron en una serie de denuncias cruzadas entre la Armada y la organización.

De la Mata explicó que la Armada actuó "amparada por la legalidad" de la decisión administrativa del Director General de la Marina Mercante. Además, consideró acreditado que los militares estaban desarrollando una función de seguridad y mantenimiento del orden público, actuando como agentes de la autoridad, protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, tal y como se había acordado tres días antes para llevar a cabo las prospecciones solicitadas por Repsol.

LA CONDUCTA DE GREENPEACE ES "NETAMENTE ANTIJURÍDICA"

En el caso de Greenpeace, concluyó que aunque su conducta fue "netamente antijurídica", porque se adentraron de manera "consiente y voluntaria" en una zona de exclusión marítima, "despreciando" la decisión de una autoridad pública, comenzaron las maniobras para intentar el abordaje del buque y mostraron señales más que evidentes de que no pensaban atender las órdenes directas de la autoridad, colocándose voluntariamente en una situación "muy peligrosa".

Según el juez, no se puede imputar un delito de piratería a la activista que resultó herida, ya que ni comandaba ni pilotaba la lancha, no tuvo dominio alguno del hecho, ni tenía capacidad alguna sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace que participaron en los hechos.

Ante las reiteradas negativas de Greenpeace para retirarse, los militares no actuaron de inmediato, sino que reportaron a sus superiores, solicitando nuevas órdenes a las que se ajustaron.

La actuación de estos militares, se limitó al cumplimiento de su deber, obedeciendo las órdenes dadas, tanto el día anterior como el propio día de los hechos, algo que, según el juez, fueron graduadas en función de las circunstancias.

La defensa de los representantes de Greenpeace que han recurrido este sobreseimiento que el pasado febrero decretó el juez instructor, insisten en que "en ningún momento" los tripulantes de las embarcaciones de la ONG tenían intención de abordar el buque; sino que se trataba de una manifestación pacífica contra las prospecciones petrolíferas.

Además, sostienen que la actuación de los pilotos estuvo "fuera de lugar" y que podría haber habido consecuencias "mucho más importantes" que las lesiones de la activista.