La AN archivará la docena de causas que tiene abiertas por justicia universal

Los magistrados Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco serán los encargados de dictar los autos de archivo de cada una de las causas, una vez que comprueben que se cumplen los requisitos de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por las Cortes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, los jueces instructores de cada una de las causas adoptarán esta medida de oficio y sin que la Fiscalía o el resto de partes personadas en los procedimientos tengan que solicitarlo.

TRÁMITE DE URGENCIA

La reforma de la justicia universal fue recogida en el BOE del pasado viernes, dos días después de que el Senado la aprobara por la vía de urgencia, sin cambios y en apenas quince días, a partir de una enmienda presentada por el Grupo Popular del Congreso.

La medida limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.

El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

CARPETAZO A UNA DOCENA DE CAUSAS

De esta forma, la Audiencia Nacional archivará causas como las relativas a las muertes del cámara José Couso durante la guerra de Irak o el diplomático Carmelo Soria en Chile. También se cerrarán los procedimientos en los que se investigan los genocidios en el Tíbet, Guatemala, el Sáhara y Ruanda, el Holocausto nazi, los vuelos de la CIA, el asalto a la Flotilla de la Libertad, los ataques contra el campo de refugiados de Ashraf (Irak) y las torturas al movimiento Falun Gong.

El juez Eloy Velasco, sin embargo, ha preguntado a las partes personadas en la causa en la que investiga la muerte en El Salvador del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, si puede continuar con el procedimiento a pesar de la limitación legal.

En esta causa están procesados 13 exmilitares salvadoreños a los que se atribuyó un delito de lesa humanidad, que quedaría afectado por la modificación de la norma, y los de asesinato terrorista, que permitiría mantener la investigación, según fuentes jurídicas.

El juez también pregunta a la Fiscalía y el resto de partes si debe plantear a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una cuestión sobre su competencia, a la vista de que el único juicio en el que fueron examinados estos hechos se celebró en El Salvador y, desde su punto de vista, constituyó un fraude de ley.