La Fiscalía pide que los exconsellers y los 'Jordis' continúen en prisión

Los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han individualizado las responsabilidades de cada uno y se han opuesto a que se les modifique la medida cautelar adoptada para todos ellos "ante la gravedad de los hechos" investigados relacionados con el proceso de independencia de Cataluña.

El Ministerio Público se ha pronunciado así al término de los interrogatorios que se han prolongado durante poco más de tres hora y media y que se produce a petición de los acusados para poder cambiar la situación de prisión provisional que decretó la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Sin embargo ya han vuelto a las prisiones de Estremera, Soto del Real y Acalá Meco desde donde han sido trasladados a primera hora de la mañana dado que el magistrado instructor no se pronunciará sobre si modifica o no la cárcel hasta el lunes, el mismo día en que arranca la campaña electoral por las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre.

En las comparecencias, que han transcurrido de forma rápida, los acusados han afirmado que aceptan la aplicación por el Gobierno central del artículo 155 de la Constitución que motivó su cese y que se comprometen a desarrollar su actividad política dentro de los cauces constitucionales.

El interrogatorio ha arrancado con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que ha prestado declaración durante 20 minutos y tras él han desfilado ante el magistrado instructor los otros miembros del gobierno pertenecientes a la formación de ERC, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, que han estado algo más de diez minutos cada uno.

Les ha seguido Joaquin Forn, Meritxell Borrás -la única de los encarcelados que no es candidata a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre--, Josep Rull, Jordi Turull y los conocidos como los 'Jordis'.

VUELTA A PRISIÓN

Ni Junqueras ni Romeva (ERC) han respondido a las preguntas formuladas por los fiscales, frente a Meritxel Borrás y Joaquim Forn (PDeCAT) que han sido los únicos que han contestado a todas las partes, incluidas la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó el ingreso en prisión el 16 de octubre para los líderes de las entidades soberanistas por el delito de sedición ante los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona en los registros por la convocatoria del referéndum ilegal.

En el caso de los exconsellers, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó la prisión provisional para todos ellos (excepto Santi Vila) por los delitos de rebelión, sedición y malversación al tiempo que alertó de la existencia de riesgo de fuga considerando que la otra mitad del gobierno depuesto con Carles Puigdemont a la cabeza, viajó a Bruselas.