Las eléctricas han dedicado cerca de 500 millones a costear el bono social de la luz desde 2014

El Tribunal Supremo acaba de declarar inaplicable el sistema de financiación de este bono social, que desde el ejercicio 2014 ha recaído sobre las eléctricas conforme a lo previsto en la reforma energética anunciada en 2013. Las compañías, establece el tribunal, tendrán ahora derecho a una indemnización por el dinero desembolsado.

Las fuentes consultadas indican que las eléctricas deberán recibir como compensación 184 millones por el dinero dedicado en 2014, 188 millones por el de 2015 y una cantidad adicional por los nueve primeros meses de 2016 que elevará la cifra total a unos 500 millones.

Desde las empresas destacan que el fallo responde a los criterios fijados por la normativa comunitaria y que "las eléctricas no están en contra del bono social, sino de la manera con la que se ha ido aplicando, que es discriminatoria".

También califican de "victoria" la resolución judicial y consideran "bastante justo" que la ayuda a los consumidores vulnerables no se cargue sobre las eléctricas, sino sobre otras fuentes como los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Las empresas ya están haciendo los deberes por su cuenta para proteger a los consumidores vulnerables mediante acuerdos con distintas administraciones públicas e iniciativas propias", aseguran.

El fallo del Supremo afecta al ejercicio 2014 e indica que se deben reintegrar a los demandantes todas las cantidades que hayan abonado por este concepto conforme a la cifra que se detalle en la ejecución de sentencia, más los intereses.

Las empresas, que han ido recurriendo los distintos porcentajes de reparto del coste del bono social, dan por hecho que esta victoria judicial también implicará la devolución de los importes devengados en los ejercicios 2015 y 2016.

Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece que "las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales".

Asimismo, considera que vulnera el principio de proporcionalidad, "en cuanto que hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria".

PORCENTAJE DE REPARTO.

Para el año 2016, Endesa ha de financiar un 41% del bono social, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%.

El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).