Una veintena de países respaldan la creación de la Fiscalía europea contra el fraude

El objetivo es contar con un organismo "sólido" e "independiente" con los poderes para investigar y llevar a juicio a los responsables de delitos de corrupción y fraude que afecte a las arcas comunitarias o a casos transfronterizos de fraude del IVA.

También se persigue aumentar la capacidad de recuperar fondos desviados, cuyo fraude la UE estima en al menos 50.000 millones de euros al año sólo en ingresos perdidos por IVA.

Esta Fiscalía podrá actuar con celeridad en casos transfronterizos sin tener que esperar a que se cumplan los procedimientos de cooperación judicial habituales, más tediosos y de mayor carga burocrática. Sin embargo, deberá llevar a los delincuentes directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

"Es un complemento fundamental para los recursos de que disponemos hoy en día a escala europea, incluido el trabajo de la Oficina europea Antifraude (OALF) en el ámbito de las investigaciones administrativas", ha explicado el comisario de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther Oettinger.

La sede de la Fiscalía estará en Luxemburgo y su actividad de investigación y procesamiento empezará cuando se cumplan tres años de la entrada en vigor del reglamento que acota su funcionamiento.

Además de las oficinas centrales, la Fiscalía europea contará con fiscales europeos delegados establecidos en los distintos Estados miembros, que compatibilizarán esta ocupación con la de fiscales nacionales.

El nivel central supervisará las investigaciones y los procedimientos llevados a cabo en el ámbito nacional, para asegurar una coordinación efectiva y un enfoque uniforme en toda la UE.

El objetivo de una estructura a varios niveles es aunar los conocimientos técnicos y la diversidad de las experiencias en cada sistema jurídico nacional, sin afectar por ello a su independencia. Cuando la Fiscalía asuma una investigación, las autoridades nacionales no ejercerán sus competencias con respecto a esa misma actividad delictiva.

Los ministros de Justicia de la Unión Europea han validado en una reunión en Luxemburgo el acuerdo político sobre las bases de la Fiscalía europea, a la que se podrán sumar más adelante los Estados miembros que no parten de inicio en el proyecto pero deseen en el futuro someterse a sus reglas.

Austria e Italia han sido los dos últimos países en sumarse a la lista de integrantes de la cooperación, de la que también forma parte España desde el inicio y cuenta con un total de 20 participantes.

Además de los países nombrados, participan Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Ahora le corresponde al Parlamento Europeo dar su visto bueno al reglamento que ha sido diseñado entre 20 por la incapacidad de la Unión Europea de sumar la unanimidad necesaria para avanzar a 28.

Con todo, la comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha aplaudido que una mayoría significativa de Estados miembros se unan al proyecto porque "garantiza su eficacia" desde el momento en que se ponga en marcha.

Jourova ha destacado, además, que la labor de la Fiscalía europea permitirá a la agencia europea de justicia penal (Eurojust) centrar sus recursos en otras investigaciones clave para la UE, como es la lucha contra el terrorismo y la trata de seres humanos.