La subida salarial media pactada en convenio escaló hasta el 1,53% en el primer trimestre

Esta variación salarial es tres décimas superior a la tasa del IPC interanual del mes de marzo (1,2%) adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del mes pasado.

En ausencia aún de una referencia salarial pactada entre patronal y sindicatos para 2018, el incremento retributivo registrado hasta marzo parece estar siguiendo, de manera aproximada, las directrices marcadas en el anterior Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que planteaba subidas salariales de hasta el 1,5%.

Patronal y sindicatos se encuentran negociando un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva, en principio de carácter plurianual, para 2018 y 2019.

UGT y CC.OO. han planteado a la CEOE establecer un sueldo mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales brutos y un alza salarial mínima del 3,1% como resultado de una inflación prevista del 1,6% más 1,5 puntos adicionales de recuperación de poder adquisitivo perdido en la crisis. A ello habría que sumar un aumento adicional derivado de las ganancias de productividad, aunque su cuantía iría en función de cada empresa o sector.

La CEOE, por su parte, propone para 2018 un aumento salarial en línea con el planteado para 2017, aunque otorgando una especial importancia a la parte variable.

La oferta que los empresarios efectuaron para 2017 consistía en una subida de entre el 1,5% y el 2%, más un variable de medio punto ligado a la productividad. En principio, CEOE y Cepyme tienen intención de elevar el variable hasta el 1%, aunque tienen previsto concretar las cifras de su propuesta "conforme avance la negociación".

MÁS CONVENIOS REGISTRADOS Y MÁS TRABAJADORES

A 31 de marzo de 2018 se habían registrado un total de 2.005 convenios colectivos, un 18,5% más que en igual periodo de 2017, con efectos sobre algo más de 5,01 millones de trabajadores, cifra un 27,7% superior a la del año anterior.

Del total de convenios registrados hasta marzo, 1.486 eran convenios de empresa, con efectos sobre 334.900 trabajadores, mientras que los 519 restantes eran convenios de ámbito superior al empresarial y daban amparo a 4,68 millones de trabajadores.

La subida salarial media pactada en los convenios de empresa se situó en el 1,27% hasta marzo, por encima del 1,23% de febrero, en tanto que el incremento salarial de los convenios de otro ámbito alcanzó el 1,54%, frente al 1,53% del segundo mes del año.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos salariales se producen en Baleares (4,04%), País Vasco y Asturias (1,85%) y Madrid (1,73%), y el menor en Extremadura (+0,60%).

Hasta marzo, la jornada media pactada en convenio se situó en 1.764,9 horas anuales por trabajador (1.716,9 horas en los convenios de empresa y 1.768,3 en los convenios de ámbito superior).

MENOS 'DESCUELGUES'

La estadística de Empleo revela además que hasta marzo se registraron 297 inaplicaciones de convenios, un 21% menos que el mismo periodo de 2017, que afectaron a 7.305 trabajadores, un 22,2% menos que un año antes.

En el 59,9% de los casos las empresas se descolgaron de la cuantía salarial recogida en convenio, y el 13,5%, además, del sistema de remuneración.

El 91,9% de los 'descuelgues' se resolvieron con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas.

La mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones se concentra en el sector servicios, con 2.638 empleados afectados, el 46,4% del total, seguido de la industria (2.303 afectados); el sector de la construcción (505) y la agricultura (238).

Respecto al tamaño de las empresas, el 30,4% de los trabajadores afectados están en empresas de menos de 250 trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 88,5%, tienen menos de 50 trabajadores en plantilla.

El 'descuelgue' de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas. La reforma laboral de 2012, de la que se cumplen ahora seis años, introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones. El objetivo, según el Gobierno, era el de evitar despidos.