Negociación parlamentaria, movilización y vía judicial contra la reforma laboral

Los sindicatos UGT y CC.OO. han asegurado este lunes en una rueda de prensa conjunta celebrada tras reunirse con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que recurrirán a la negociación parlamentaria, a la movilización ciudadana en la calle y a la vía judicial para modificar el texto de la reforma laboral aprobada en el último Consejo de Ministros. Este lunes, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha recibido a los representantes sindicales para explicarles las líneas básicas de la reforma laboral que aprobó el viernes el Gobierno y que ha entrado en vigor este domingo.

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que ya han iniciado el proceso "con varias vías de presión", comenzando por la "llamada a la movilización", que se concretará en manifestaciones en varias ciudades de España este domingo, y con otros encierros y concentraciones.

Además, los sindicatos participarán "activamente" en la tramitación parlamentaria de la norma, si bien las enmiendas concretas que intentarán incluir a través de los grupos aún no han sido precisadas por sus servicios jurídicos. En todo caso, sí retomarán la iniciativa legislativa popular (ILP) que, respaldada por "algo más de un millón de firmas", presentaron en el Congreso con la reforma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, "no se descarta explorar la vía judicial" si finalmente se confirman sus sospechas de que la reforma incluye "elementos de inconstitucionalidad", algo que se podría incluso hacer con el apoyo del Parlamento, para lo cual sería preciso el respaldo de medio centenar de diputados.

Hasta que estos detalles se diriman, Toxo ha asegurado que los sindicatos irán donde se les "invite" porque no quieren "dejar ninguna puerta cerrada". "Pero confío más en la presión de la ciudadanía y en la voluntad de cambio de los trabajadores de este país que en otros cauces", ha zanjado el líder sindical.

Reforma "inútil, desequilibrada y que no creará empleo"

Por su parte, Méndez ha vuelto a insistir en que la reforma planteada por el Gobierno es "inútil, desequilibrada y en ningún caso creará empleo, ni a corto ni a medio plazo", y ha pronosticado que en el corto término "precarizará aún más el empleo".

Así, el dirigente de UGT ha subrayado que la posición de los sindicatos ante este cambio normativo será de "rechazo argumentado" y "con aportación de alternativas" para "intentar corregir algo que va más allá de la reforma laboral porque altera los equilibrios en el ámbito de las empresas entre trabajadores y empresarios".

"Contra lo que se diga, en esta reforma no hay algunos que pierden y otros que ganan. A nuestro juicio aquí pierde todo el mundo, hablando de los trabajadores que ganan un salario: viejos, jóvenes, indefinidos, temporales... Y sí hay ganadores, pero no están en el ámbito del trabajo asalariado", ha añadido, en alusión a los empresarios.

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado a los líderes sindicales que abrirá reuniones "de carácter técnico" para tratar la reforma, que ayer entró en vigor y que se ha aprobado como Real Decreto-ley pero que se tramitará como proyecto de ley.

"Vamos a aprovechar esta oportunidad, haremos nuestras aportaciones, pero no queremos levantar falsas expectativas sobre el resultado final. Lo que hay que corregir no son errores técnicos, sino horrores en materia laboral", ha afirmado Méndez.

Los líderes sindicales han trasladado a la ministra que el Real Decreto-ley aprobado el viernes contiene algunos elementos que podrían ser "inconstitucionales", como el hecho de que se discrimine entre empresas de hasta 50 trabajadores y de más de 50 o el que se le asigne a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, integrada por sindicatos, empresarios y Administración, la última palabra para decidir sobre el descuelgue de un convenio.

"Hay sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que impiden que la Administración pueda dictar laudos obligatorios y en esa Comisión está la Administración", ha recordado Toxo. Así, si la redacción final de la reforma, una vez haya pasado por las Cámaras, se mantiene en sus términos actuales, los sindicatos acudirán al TC. De momento, los servicios jurídicos de las centrales están valorando el contenido de la ley.

En cambio, los empresarios están contentos con la reforma porque, a su parecer, es un paso "imprescindible y sustancial" en el proceso de modernización de la legislación laboral que aproxima la flexibilidad española a la de los países del entorno.

Según CEOE y Cepyme la reforma supone "un paso hacia adelante" en el proceso que pretende llevar a la salida de la crisis y a la recuperación económica y es un "instrumento" que facilita la creación de empleo. "Sienta las bases para un mercado de trabajo más eficaz y flexible", han dicho.

Báñez dice que abre "una ventana al diálogo"

Báñez ha confirmado ante los medios que "se ha abierto una ventana al diálogo" y se ha mostrado agradecida de que los agentes sociales hayan aceptado participar en una discusión técnica sobre el alcance de la reforma. Además, se ha mostrado dispuesta a mejorarla durante el trámite parlamentario.

No obstante, la ministra ha defendido la reforma que ha aprobado el Gobierno, ha dicho que éste no se podía quedar de brazos cruzados ante una legislación laboral que ha permitido la destrucción de 2,7 millones de empleos, y ha subrayado que se trata de una reforma "equilibrada y completa", en la que "nadie pierde y todos ganan" y donde se persigue que el despido sea el último recurso empresarial a la hora de acometer ajustes.

Báñez ha defendido además la constitucionalidad de la norma y ha afirmado que, si los agentes sociales cumplen los acuerdos alcanzados en materia de solución extrajudicial de conflictos, no será necesario recurrir a la Comisión de Convenios.

"Tenemos la obligación de establecer pautas y reglas claras y, en el caso de que voluntariamente no se sometan al arbitraje, debe haber un final, en este caso en una comisión tripartita, que nombrará un árbitro que resolverá sobre el descuelgue en 25 días", ha explicado.