La prórroga del Plan Prepara se aprobará el 6 de octubre, junto con medidas adicionales para jóvenes

La prórroga del Plan Prepara que el Gobierno tenía previsto aprobar hoy recibirá finalmente el visto bueno del Consejo de Ministros el próximo 6 de octubre, en el marco de un Real Decreto que incluirá otras medidas para jóvenes preacordadas con los agentes sociales, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación.

El Ministerio de Empleo confía en poder cerrar definitivamente el acuerdo en los próximos días, según fuentes de este Departamento, que destacan que el Real Decreto que se llevará al próximo Consejo incluirá "importantes medidas adicionales" para los colectivos más necesitados de oportunidades.

El hecho de que la prórroga del Prepara no se haya aprobado aún no supondrá pérdidas de protección, ya que esta prórroga tendrá efectos retroactivos desde el pasado 15 de agosto, cuando expiró la anterior prórroga. De este modo, ningún posible beneficiario se verá afectado por el tiempo que este plan ha estado suspendido.

La vigencia de esta nueva ampliación del Prepara, que ha sido acordada con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, llegará hasta el 30 de abril de 2018. Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que puso en cuestión el plan, se encomienda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la continuidad del Prepara mientras se reforman todos los planes para parados de larga duración.

CONTRATO DE RELEVO PARA AYUDAR A LOS JÓVENES

Además de la prórroga del Prepara, el Real Decreto que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes incluirá una serie de medidas dirigidas a impulsar la contratación de jóvenes.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, se ha acordado impulsar la contratación de jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil mediante el contrato de relevo en el marco de una nueva modalidad de jubilación parcial, en la que la edad del jubilado parcial que es relevado se reducirá hasta en cuatro años respecto a la edad ordinaria de jubilación.

Este contrato de relevo será indefinido y a tiempo completo con un trabajador menor de 30 años y el trabajador relevado deberá dedicar al menos la mitad de su jornada a formar al joven relevista.

Las empresas que contraten baje la modalidad del contrato de relevo por tiempo indefinido tendrán derecho a una bonificación del 100% en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un máximo de dos años.

Según las mismas fuentes, las empresas que conviertan un contrato de relevo suscrito con un beneficiario de la Garantía Juvenil en un contrato indefinido a tiempo completo podrán bonificarse el 100% de la cuota durante dos años si la conversión se produce antes de dos años desde la celebración del contrato. La bonificación será del 50% si la conversión se produce entre el segundo y el tercer año; del 25% entre el tercer y cuarto año, y del 10% después del cuarto año.

BONO DE 430 EUROS PARA JÓVENES

Asimismo, las fuentes consultadas han explicado que el preacuerdo incluye la puesta en marcha del bono de 430 euros destinado a los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil con quienes se suscriba un contrato de formación y aprendizaje. Este bono de 430 euros se sumará al salario de convenio que paguen las empresas por el contrato y se mantendrá durante la vigencia del mismo, con una duración máxima de 18 meses (36 meses en caso de jóvenes con discapacidad).

La conversión a indefinido de estos contratos para la formación de jóvenes que hayan recibido esta ayuda tendrá una bonificación adicional para las empresas de 250 euros al mes (3.000 euros al año) durante tres años.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que, frente a la propuesta que el Gobierno hizo en julio y que contó con el rechazo sindical, el contrato de formación no quedará desregulado, sino que se vinculará a la formación dual.

Según las mismas fuentes, dentro del acuerdo, el Ejecutivo se ha comprometido a regular el sistema de prácticas no laborales, a reactivar la revisión del sistema de protección por desempleo y a repartir 175 millones de euros entre las comunidades autónomas para la contratación de personal en las oficinas de empleo para un correcto asesoramiento, orientación y seguimiento de la juventud.