La banca de inversión se enfrenta a la regulación de Mifid II respecto al cobro por servicios de 'research'

A partir de enero de 2018, fecha en la que entrara en vigor la directiva Mifid II, los bancos de inversión, que incluían los costes por acceder a análisis de terceros y los de ejecución en una misma comisión, deberán separar y presupuestar ambos costes (los de investigación y los de ejecución).

De esta manera, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) a través de Mifid II, obliga que se comunique a los inversores el presupuesto de 'research', el criterio cualitativo de cómo el 'research' es evaluado, la fórmula usada para asignar dicho presupuesto y el proceso seguido para revisar la calidad del análisis recibido.

Con esto, se pretende lograr la máxima protección y transparencia para el inversor final a la vez que incrementar la competencia entre analistas para dar las estimaciones y recomendaciones más ajustadas.

No obstante, la transparencia que la directiva europea reclama a las entidades podría mermar la contratación de estos servicios por parte de los clientes, por lo que varios bancos como BBVA, ING o Credit Suisse se están planteando la opción de ofrecer todos o algunos de sus servicios de investigación de manera gratuita.

Este enfoque 'free to all' fue avalado por ESMA el pasado mes de abril a través de un decreto con la condición de que estuviera a disposición de cualquier inversor que lo quisiera, o que no se den recomendaciones valiosas para la toma de decisiones en un proceso de inversión.

El responsable mundial de investigación crediticia de BBVA, Javier Serna, señaló en una entrevista al diario 'Financial Times' que su banco proporcionará la investigación gratuita a quien lo solicite. Otros como Credit Suisse señalaron que proporcionarán una parte de sus investigaciones gratuitas. ING, por su parte, anunció la semana pasada un nuevo enfoque de investigacióm económica gratuita.

Frente a esta posición, muchos bancos, fundamentalmente estadounidenses, temen también que los inversores no paguen por sus servicios de 'research' después de que otras entidades los ofrezcan de forma gratuita, y subrayan que "es imprudente y sin sentido comercial" no cobrar por ello.

Además de esta propuesta incluida en Mifid II, la normativa incluye nuevos objetivos como que los depósitos estructurados, actualmente considerados productos bancarios, pasarán a ser instrumentos financieros, de forma que a la hora de comercializarlos el cliente deberá pasar un test de idoneidad.

De igual forma, busca mejorar la regulación de algunos productos financieros y reforzar la supervisión y las sanciones a disposición de las autoridades competentes (lo que permitirá suspender la comercialización de determinados productos), así como evitar el arbitraje regulatorio. También incorpora la etiqueta 'Mercados pyme en expansión' para facilitar el acceso de este tipo de empresas a la financiación.