La policía se incauta 1,2 millones de euros en la macrooperación contra gasóleo adulterado

Los detenidos están acusados de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal.

Hasta el momento, se han obtenido pruebas e indicios de la participación en los hechos, en mayor o menor grado, de 138 personas físicas y 104 personas jurídicas.

La red llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el Impuesto Especial de Hidrocarburos --a lo que se sumaría la defraudación por determinar en el IVA y otros impuestos-- aprovechando la diferencia de tipos impositivos entre el producto que adquiría y el que vendía a gasolineras y transportistas.

Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria concluyeron el jueves con una actuación combinada en 24 provincias, con 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas.

La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), adquiría gasóleo agrícola y de calefacción ('B' y 'C'), que están bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo 'A' y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal.

De esta forma, la trama reducía notablemente sus costes, perjudicando a otros operadores por la competencia desleal y originaba riesgos para los consumidores, dada la baja calidad del carburante.

La macroorganización estaba formada por organizaciones jerarquizadas y organizadas con mayor o menor autonomía, que alcanzaban a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores).

Además, contaba con una serie de sociedades instrumentales y receptores de facturas falsas. Su papel era fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo 'B' y 'C'.

Entre otros activos, la red contaba con una fábrica de biodiesel, 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos; 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, nueve posibles centros de transformación y numerosos receptores de facturas falsas.

HAN PARTICIPADO 750 FUNCIONARIOS

En la operación han participado 750 funcionarios. Durante los registros efectuados en naves industriales y domicilios sociales de las empresas investigadas, agentes de la Guardia Civil y los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han tomado muestras del gasóleo que comercializaba la trama y han intervenido gran cantidad de documentación en soporte físico e informático para su análisis.

En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), la investigación ha estado dirigida por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa, apoyado por personal de todas las Comandancias afectadas, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad y del Servicio Cinológico.

Por parte de la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que inició las investigaciones y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, han contado con la colaboración de las Unidades de Auditoria Informática del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.