El fiscal pide cuatro años de prisión para dos expresidentes de la patronal de las pymes

Los exmáximos responsables de la patronal de las pymes se sentarán el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid.

El fiscal reclama la misma pena, como cooperadores necesarios, para los ex secretarios generales de la patronal José Alberto González Ruiz, José Manuel Vilar Martínez y Gonzalo Garnica Esteban.

APROPIACIÓN INDEBIDA

Durante los meses de junio de 2009 y junio de 2010, esto es, en el tiempo que Bárcenas estuvo de presidente de Cepyme, un cargo honorífico sin derecho a retribución salvo el reembolso de los gastos y dietas acreditados por su actividad, designó a Vilar como secretario general de la asociación y entre ambos, "ocultándoselo a los órganos colegiados", acordaron "de común acuerdo" dotar de un sueldo al presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa.

Así, formalizaron el alquiler de un coche de alta gama por un precio de 5.365 euros mensuales a una empresa que pertenecía a Bárcenas y de esta forma se embolsaba el dinero que endosaba al apartado de "gastos de representación" para que el resto de los asociados no tuviera un conocimiento preciso del origen dicho gasto.

La tarea del secretario general consistía en que el desembolso económico mensual que la Cepyme hacía a su presidente no constara en los libros contables porque, de hecho, no contaba con la autorización expresa de la Asamblea General ni de ningún organismo colegiado.

Jesús Terciado, sustituto de Bárcenas en Cepyme, ideó otra fórmula entre junio de 2010 y octubre de 2012 junto a sus secretarios generales, José Alberto González y Gonzalo Garnica Esteban, "para remunerar al presidente" sin ningún tipo de cobertura legal.

El plan era derivar importantes cantidades de dinero a dos empresas de Terciado (a Tecrucyl S. L.314.167,45 euros y a Ingarest S. L. 416.320 euros), "dinero que fue a parar a las arcas del imputado administrador único Jesús Terciado Valls". Eso sí, cada mes emitían una factura a favor de estas empresas constando como concepto de "consultoría".

Para ello contaba con la colaboración de sus dos secretarios generales (González y Garnica) que le permitían sacar el dinero y, de paso, ocultarlo a cualquier persona física, jurídica e incluso a sus propios socios y órganos ejecutivos.

A partir de octubre de 2012 Terciado y Garnica idearon un artificio contable para justificar el dinero que percibía mensualmente el presidente de Cepyme. A tal fin crearon el "contrato de Alta Dirección" por el que se nombra al presidente "como presidente" con una remuneración de 140.000 euros anuales más dietas y tarjetas de crédito de uso exclusivo.

Sin embargo, en sus informes escritos nunca reflejaron "ninguna partida expresa donde constara una terminología similar a 'sueldo-remuneración-pago al presidente', de modo que cualquier persona que tuviera interés en el conocimiento de si el presidente había sido remunerado, no lo pudo saber".

La propia asamblea General del Cepyme presentó en abril de 2014 un saldo negativo que rondaba los dos millones de euros y dedujo que de esa cantidad, más de la mitad del dinero (1.221.110 euros) había sido detraída entre Bárcenas y Terciado.