El 69% de los directivos españoles justifican el soborno y la corrupción

Los datos en España superan a la media de Europa Occidental, donde el porcentaje se sitúa en el 35% y por encima también de países con mercados emergentes (61%). Además, esta percepción ha aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013.

Así, España es el segundo país de la Unión Europea (UE), junto con Grecia, en cuanto a la generalización de la corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal, con un 82% y, en el otro extremo, Dinamarca, con un 4%.

El uso de sobornos como recurso para hacer negocios ha sido justificado por un 46% de los encuestados en España, si esto contribuye a la supervivencia del negocio. En esta línea, los preferidos son los regalos personales (34%), seguidos de los regalos relacionados con el ocio (31%) y de los pagos en metálico (16%).

Así las cosas, un 57% de los directivos está bajo presión para buscar nuevas fuentes de ingresos, contexto en el cual los mercados de alto riesgo, donde existe una mayor probabilidad de que se produzca prácticas de este tipo, han ganado protagonismo.

Asimismo, existen otros errores "justificables" a los que las empresas recurren de manera frecuente, ya que el 56% de los encuestados en España han reconocido que sus compañías a menudo "maquillan" la información financiera. En Europa Occidental, este porcentaje se sitúa en el 33%.

En este contexto, la práctica más habitual, aprobada por un 36%, consiste en negociar descuentos con los proveedores o retrasar el pago de facturas, que ha sido defendido por el 14% de los encuestados. Así, un 15% de los españoles ha afirmado que estas prácticas han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas.

ELEVADA SENSACIÓN DE IMPUNIDAD

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que la actividad regulatoria y los códigos éticos han evolucionado, ya que un 26% considera que estos estándares han mejorado en los últimos dos años. Asimismo, un 21% de los encuestados ha afirmado que este incremento en el marco regulatorio ha tenido un impacto positivo en su entorno de trabajo.

Sin embargo, un 69% considera que las autoridades deberían de tomar más medidas para recuperar los daños resultantes del fraude y la corrupción. Así, el 58% señala que es necesario localizar y congelar los activos.

En este sentido, cabe destacar que la sensación de impunidad continúa en niveles muy elevados, tal y como ha destacado el responsable de EY, Ricardo Noreña, a pesar de la aparición de nuevas medidas como la reforma del Código Penal, que será efectiva el 1 de julio, por la cual la responsabilidad podrá recaer sobre las personas jurídicas.

El reto reside en conseguir una mayor rapidez en los procedimientos judiciales y una actuación que permita la recuperación del dinero, ha manifestado Noreña.

La percepción en cuanto al nivel de compromiso de la alta dirección con las normas éticas es baja y se sitúa por debajo de la media de la UE.

El 65% de los encuestados considera que la medida más efectiva es la persecución penal de los directivos por no haber actuado de manera diligente. Además, el 63% es partidario de que se apliquen multas a las empresas, frente al 46% que se decanta porque las multas recaigan sobre los directivos.

Entre otras herramientas para prevenir el fraude, existen códigos de conducta y un canal de denuncias. No obstante, un 46% ha manifestado que su empresa cuenta con estos documentos, frente al 59% de los países europeos. Además, menos de la mitad de los encuestados conocen cuáles serían las penalizadas derivadas de su incumplimiento.