La crisis dispara la economía sumergida hasta el 24,6% del PIB

De acuerdo con el estudio, dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili, el volumen de la actividad económica 'en negro' ha aumentado de media unos 15.000 millones de euros anuales desde 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situaba en el 17,8% del PIB, casi siete puntos menos que a cierre de 2012.

El informe de Gestha, que consideraría como un nivel "aceptable" de economía sumergida entre el 6% y el 8% del PIB, destaca que el mayor aumento del fraude durante estos años se ha registrado en aquellas comunidades más castigadas por el colapso del ladrillo y el paro, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, con tasas de economía sumergida superiores al 26% del PIB.

Por años, en 2009, considerado como el ejercicio más duro de la recesión, la economía sumergida creció en 27.000 millones de euros, cifra que se redujo considerablemente un año después, hasta un incremento de 12.278 millones de euros.

Por su parte, en 2011 creció en 14.807 millones de euros y en 2012 se registró el menor aumento, con 5.155 millones.

Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, este importante incremento de la economía sumergida se debió en gran medida al efecto "arrastre" provocado por el 'boom inmobiliario', ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector, así como al repunte del desempleo, triplicándose la tasa de paro hasta el 26% a finales de 2012.

Las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis económica, que no fueron acompañadas, según Gestha, por un eficiente control tributario, y la multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial, junto con la moralidad de la sociedad española, que tiende a justificar cierto nivel de fraude fiscal, son otros de los motivos que explican el incremento del dinero negro.

"USO MASIVO" DE LOS BILLETES DE 500 EUROS

Además de estos factores, el estudio, que ha tenido en cuenta la metodología 'Múltiples Indicadores, Múltiples Causas', como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB o el consumo eléctrico, entre otros, también apunta al uso "masivo" de billetes de 500 euros, que representan el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos estos billetes en el conjunto de la zona euro.

"Estos billetes son el instrumentos preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco", destacó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien resaltó también el "grave problema de moralidad" de los españoles con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación del nivel de fraude de España con otros países europeos, como Alemania, donde se sitúa en el 13,1%, Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

El estudio realiza también un análisis de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias. Así, hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de dinero oculto al fisco "llamativamente baja", del 17,3% de su PIB, la más moderada del país.

Gestha indica que este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otros territorios.

De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de prácticas fiscales "abusivas" como las exenciones fiscales, por lo que, según Gestha, más que el fraude fiscal, que también lo cometen, se caracterizan por llevar a cabo prácticas de bordean la legalidad para pagar menos impuestos.

EXTREMADURA, LA QUE MÁS Y MADRID, LA QUE MENOS

Al margen de la peculiaridad de Madrid, el mayor aumento de la economía sumergida durante los años de la crisis económica se concentró en las comunidades con un mayor desarrollo de la construcción y con unos mayores niveles de paro, como Extremadura, que encabeza la clasificación, con una tasa de dinero negro del 31,1% de su PIB.

A continuación, figuran Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla y León (26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%) y Baleares (24,8%), todas ellas por encima de la media nacional (24,6%).

Igualando esta tasa o por debajo únicamente se encuentran las regiones de Cataluña (24,6%), La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%), que cierra la clasificación. El estudio no recoge datos ni de País Vasco ni de Navarra por tener sus propios regímenes fiscales.

En la distribución por provincias, el estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas donde la economía sumergida es un "mal endémico", como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas.

En el lado contrario, se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo 2000-2012.

Además, Mollinedo destacó que la crisis económica ha contribuido a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos en el año 2000 hasta los 15,1 puntos en 2012.

Falta de voluntad política para luchar contra el fraude

Para hacer frente a la reducción de la economía sumergida y tras denunciar la "falta de voluntad política para luchar contra el fraude", los responsables de Gestha apelaron a la necesidad de realizar estudios oficiales por parte del Gobierno para conocer el verdadero volumen del fraude, alentar la conciencia ciudadana sobre esta lacra social igual que se ha hecho con el tema de los accidentes de tráfico, o aprovechar la reforma fiscal para aprobar un sistema tributario bajo el principio del pago de impuestos según la capacidad económica.

Ampliar y mejorar los recursos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude, mejorar la coordinación de la Agencia Estatal con las autonómicas, un mayor control del gasto público, cambios impositivos para reducir la ingeniería fiscal de las grandes empresas y limitar a 1.000 euros el pago en efectivo son otras de las propuestas que realiza Gestha.

Frente a estas medidas, Carlos Cruzado lamentó que los últimos acontecimientos de la Agencia Tributaria demuestran que no se trata a todos los contribuyentes por igual, como sus actuaciones en relación a la Infanta Cristina, la condescendencia con las deudas de los clubes de fútbol, la segunda oportunidad que se dio a los contribuyentes con dinero oculto en el HSBC o el cese de una inspectora por una sanción a la multinacional Cemex.