El consorcio del AVE a La Meca reúne a su consejo este viernes

El máximo órgano de gestión del grupo revisará la situación en que se encuentran las negociaciones que mantiene con Arabia Saudí para que se reconozca que la demora que sufre la obra deriva del retraso acumulado la primera fase de los trabajos, la que ejecuta un grupo de empresas chinas, y en último término evitar las posibles penalizaciones.

En este sentido, el consorcio pretende que el Gobierno árabe le conceda dos años más para terminar el denominado 'Ave del Desierto', de forma que el plazo de ejecución se extendería así desde comienzos de 2017 hasta inicio de 2019.

El grupo contratista celebra el consejo después de elegir a un experto independiente con el objetivo de impulsar las negociaciones con Arabia.

El fin último de las empresas españolas es desactivar las penalizaciones por demoras que fija el contrato, conseguido a finales de 2011, y uno de los mayores logrados en el exterior.

Para ello, el consorcio español pretende que Arabia reconozca que la evolución de los trabajos que tiene encomendados en el corredor AVE se ha visto condicionada por el retraso con el que el grupo chino está terminando la primera fase del proyecto.

El contrato de las empresas españolas abarca la instalación de las vías y de la denominada 'superestructura' (los sistemas de comunicación y los de seguridad, y la electrificación) de toda la línea, de 450 kilómetros de longitud.

De esta forma, sus trabajos comienzan una vez que las empresas chinas concluyen la construcción de plataforma de la línea y se la entregan para que coloquen las vías y el resto de los equipos.

Ante esta situación, el consorcio español está resuelto a "negociar todo cuanto se pueda defender" ante el Gobierno de Arabia Saudi, esto es, un plazo adicional de unos 24 meses para terminar sus trabajos sin ser penalizados, según dichas fuentes.

El consorcio de empresas que a finales de 2011 se adjudicaron esta segunda fase de las obras de construcción del AVE a La Meca y su posterior explotación son las públicas Ineco, Renfe y Adif, y las privadas OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa y Talgo, esta última encargada de suministrar los trenes. El contrato está estimado en unos 6.700 millones de euros.