Desarticulan una banda que defraudó más de 9 millones de euros a Hacienda

La investigación se inició hace un año y medio tras un robo de cámaras fotográficas valoradas en más de un millón de euros, que condujo a la policía hasta una trama empresarial ubicada en Reus (Tarragona).

Al advertir indicios de fraude fiscal, el Juzgado de Instrucción 2 de Reus ordenó a la Agencia Tributaria designar funcionarios que colaborase en las actuaciones en funciones de auxilio judicial.

Los delincuentes habían creado una trama para defraudar el IVA en la comercialización de productos informáticos y electrónicos, creando una estructura societaria muy compleja formada por entidades en España, Portugal, Rumanía, Letonia y Chipre.

La mercancía viajaba directamente desde los almacenes del proveedor en el extranjero hasta territorio español, desde donde era enviada a los vendedores; para eludir el pago del IVA se interponía una serie de sociedades creadas a tal efecto en España y otros países.

La mecánica del fraude consistía en que los productos, pese a ser transportados directamente a España, eran facturados por los proveedores a sociedades instrumentales creadas en otros países europeos, que se limitaban a volver a facturar a otras sociedades, éstas españolas, también de carácter instrumental, que no ingresaban el IVA por la compra intracomunitaria y facturaban a las sociedades que finalmente vendían al público los productos, a un precio muy competitivo al deducirse el IVA que no había sido ingresado en el Tesoro Público.

Una parte importante de esta organización criminal se dedicaba a la continua creación de sociedades instrumentales, para las que contactaban con testaferros o hombres de paja a los que hacían figurar como administradores de estas sociedades ficticias y autorizados en cuentas abiertas en diferentes entidades para dificultar el seguimiento de los fondos; de esta forma, los Mossos calculan que la trama habría defraudado más de 9 millones de euros.

El pasado 17 de junio, los Mossos realizaron 21 registros en empresas y domicilios de Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa, Terrassa (Barcelona) y Solsona (Lleida).

También, con la colaboración de la Policía Nacional, se practicaron registros en Guadalajara, Torremolinos, Málaga y Madrid.

Los agentes se hicieron con una gran cantidad de material informático, 12.000 euros e información bancaria y fiscal relacionada con la red, y fueron detenidas 40 personas de nacionalidad española, cubana, venezolana, argentina y pakistaní como presuntos delitos de fraude continuo, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal; de los arrestados, ocho ingresaron en prisión.