Los 28 se reúnen para examinar el alcance del caso Volkswagen

"Será un debate informal, una primera toma de contacto", advierten fuentes europeas sobre las expectativas de la cita de los ministros de Competitividad de la Unión Europea en Luxemburgo, que han incluido en su agenda este asunto. Días después, el 6 de octubre, Bruselas albergará una reunión a nivel técnico y con las autoridades nacionales para avanzar en la investigación.

El objetivo es enviar el mensaje de que "las autoridades nacionales están haciendo lo que tienen que hacer" para recuperar la confianza del consumidor y para mitigar el daño en el sector automovilístico.

El Ejecutivo comunitario reconoce que no tiene información sobre si el fraude en la marca alemana es un caso aislado o no, ni cuántos países podrían estar afectados, e insiste en "coordinar" el intercambio de información entre los países de la UE para contar con un "retrato completo de la situación".

Pero también advierte de que, pese a que las normas que limitan las emisiones son europeas, las competencias para perseguir a los infractores recaen en los Estados miembros, aunque Bruselas podría expedientar a un país si fue negligente en el control de la industria.

El software que permitía alterar los resultados reales del nivel de emisiones de gases contaminantes NOx estaba instalado en 11 millones de vehículos del grupo Volkswagen, según ha informado la propia marca.

Por parte de España acude a la reunión el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que ofrecerá "toda la información" de que dispone el Gobierno sobre la situación en España, han informado fuentes del Ministerio. España ve necesario que los Estados miembros tomen "medidas concretas" y que la respuesta a la crisis se ofrezca de manera "conjunta" por la UE, añaden.

La Unión Europea ya estaba inmersa en la negociación de una nueva normativa con controles "más robustos", con los que minimizar el riesgo de fraude, según recuerdan fuentes comunitarias, que confían con que el Ejecutivo comunitario "pueda ahora contar con el apoyo de todos" los Estados miembros para agilizar estos cambios.

La Comisión presentó su propuesta legislativa en 2011, tras constatar que los niveles de emisiones en condiciones reales de conducción eran "netamente superiores" que los registrados en los laboratorios en los que actualmente se realizan las pruebas que autorizan un modelo.

Ello ha permitido pactar un nuevo sistema para sumar a los test en laboratorio otras pruebas en carretera, que entrarán en vigor en enero de año próximo. Sin embargo, las pruebas en condiciones reales de conducción servirán inicialmente para "vigilar", no para impedir la concesión de un permiso.

Para ello es necesario concluir una segunda fase normativa, en proceso de negociación, y que determinará cuál de los dos sistemas de control que coexistirán a partir de enero debe prevalecer en el proceso de certificación. En el mejor escenario, Bruselas estima que estas nuevas normas podrían empezar a aplicarse progresivamente en la segunda mitad de 2017 y aplicarse a todos los vehículos nuevos desde el otoño de 2018.