Unión de Uniones denuncia que las pensiones del medio rural no se revalorizan y son un 41,2% más bajas

En concreto, la organización agraria ha destacado cómo la pensión media de un agricultor o ganadero es un 41,2% más baja que la de otros sectores, percibiendo 709,85 euros frente a la media de 1.208,40 euros del resto de profesiones, y, además, sin tener acceso a una serie de servicios públicos de los que sí se beneficiarían en las zonas urbanas.

La organización, igualmente, quiere poner el foco en la población más envejecida que habita las zonas rurales, recordando que éstas representan el 85% del territorio, y cómo las pensiones representan un recurso que potencia la vida económica en los pueblos, el desarrollo de mercados de proximidad y la existencia de otros servicios sociales necesarios en el medio rural.

De esta forma, la organización agraria ha recordado que los jubilados pensionistas del campo han perdido este año y los anteriores poder adquisitivo y que esta disminución, debido al aumento del IPC y a su no traslado al sistema de pensiones, se ha reflejado también en la economía de muchos pueblos y de muchas familias.

Unión de Uniones, además, ha destacado cómo las mujeres rurales se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, dado que su trabajo, ayudando en las explotaciones, ha "estado invisibilizado" durante años, a lo que resultan unas muy bajas pensiones ordinarias y, por lo que respecta a la de viudedad, tampoco se corresponde con todo el esfuerzo realizado.

La organización pide que se pongan en marcha mecanismos que mejoren, de alguna manera, la condición de estas mujeres igual que se hizo en el pasado con otros colectivos de otros sectores.

Unión de Uniones exige a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que vuelvan a la negociación en el Pacto de Toledo y "dejen de hacer demagogia" con las pensiones y que busquen "nuevas fuentes de financiación" para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Así, propone subir la base máxima de cotización al sueldo medio de los directivos de las empresas, trasladar a los PGE para que sea financiado el gasto corriente de la gestión ordinaria de la Seguridad Social, el menor ingreso de las tarifas plana y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y, progresivamente, las prestaciones por supervivencia.

Igualmente, pide que se persigan las elevadas tasas de economía sumergida y de empleo irregular en España, para situar la eficacia de la recaudación de los impuestos y el gasto en protección social respecto, incluidas las pensiones, ambos respecto al PIB a la media de los países avanzados de la Unión Europea.