Unidos Podemos propone que la Administración no puntúe una oferta que rebaje una licitación más del 25%

Así consta en una de las enmiendas presentadas por la coalición de izquierdas, y recogida por Europa Press, al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Esta iniciativa, por la que se traspone una directiva europea de la contratación pública, acompañaba a la ya aprobada Ley de Contratos del Sector Público, pero aún no ha comenzado a debatirse en fase de ponencia en el Congreso, un trámite que previsiblemente comenzará a realizarse a lo largo del año.

DESCARTAR AUTOMÁTICAMENTE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Con la enmienda, Unidos Podemos trata de blindar el descarte automático de ofertas anormalmente bajas, que en ocasiones han acabado encareciéndose o directamente provocando conflictos laborales, al cargar los efectos de estas rebajas en las condiciones de los trabajadores que prestan el servicio adjudicado.

La propuesta pasa por obligar a incluir prescripciones en los pliegos de contratación para que los órganos competentes no concedan puntuación a las ofertas que rebajen un determinado porcentaje sobre el presupuesto base que, subrayan en la enmienda "nunca podrá superar el 25% del precio de licitación".

Asimismo, también quieren que los órganos de contratación rechacen las ofertas si se comprueba que "son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, o vulnere la normativa sobre subcontratación".

TENER EN CUENTA LOS SUELDOS A LA HORA DE VALORAR UN CONTRATO

Otras de las enmiendas con las que la coalición trata de impedir que las lagunas en la contratación pública afecten a las condiciones laborales de las empresas adjudicatarias pasa por la inclusión de una cláusula en la que se obliga a cumplir las obligaciones laborales recogidas en los convenios colectivos como parte de los contratos.

En este sentido, Unidos Podemos también ha incluido una enmienda para que, a la hora de calcular el valor de un contrato, se desglosen los costes salariales estimados a partir del convenio colectivo sectorial de referencia. Esta condición se recogería en aquellos casos en los que el coste salarial sea determinante en el precio total del contrato, y este desglose se incluiría en los pliegos de la licitación.

En su motivación, la coalición justifica que el correcto cálculo del presupuesto base "es el primer paso para asegurar que el mercado formulará precios que contemplen los costos salariales sin presionar a la baja", y que su aportación permite poner freno "a la temeridad" y tener en cuenta "los derechos salariales de las personas que ejecuten el trabajo".