Unidos Podemos alerta de que la nueva ley antiocupación permitirá a bancos y fondos buitre agilizar desalojos

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha alertado de que la proposición de ley que aprobará este martes el Congreso para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio 'exprés'.

Según han denunciado a Europa Press desde el grupo confederal, entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión".

"Eso son bancos y lo que haga falta", ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de En Comú, Lucía Martín, que denuncia que esta posibilidad no constaba en la propuesta original, del PDeCAT, ya que esta se limitaba a facilitar los desalojos en entidades públicas y ONG.

LA LEY SERÁ ENVIADA ESTE MARTES AL SENADO

El texto, respaldado por PP, PSOE, PDeCAT y PNV a raíz de la última propuesta de los 'populares', será sometido a debate este martes en la Comisión de Justicia, junto con las enmiendas que queden vivas, y tal y como sea aprobado será enviado al Senado para proseguir con su tramitación parlamentaria.

Frente a ello, la ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". "No es nuestra intención", ha declarado a Europa Press.

Asimismo, ha confirmado que trabajan en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la "ocupación ilegal de inmuebles".

BUSCA CONVENCER A PSOE Y PNV PARA DAR MARCHA ATRÁS

Sin embargo, para que la enmienda prospere Unidos Podemos y PDeCAT deberán sumar los apoyos de PSOE, Esquerra Republicana y PNV, dos de los cuales respaldaron la redacción propuesta por el PP para aprobar el texto en fase de ponencia.

Durante esta fase, denuncia Unidos Podemos, los grupos no han aceptado ninguna de sus aportaciones, en las que defendían que, en línea de las recomendaciones y convenios internacionales del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESCI), ningún desalojo pueda realizarse sin alternativa habitacional.

En este sentido, rebajan al "comodín de la llamada" las garantías establecidas en la norma, que contempla la comunicación a los servicios sociales de las administraciones competentes para corroborar situaciones de vulnerabilidad.

NEGOCIAR LA LEY, "UNA EXPERIENCIA DESAGRADABLE"

Para el diputado de Podemos Rafa Mayoral, encargado también de llevar la ponencia, la negociación de esta norma ha sido "una experiencia desagradable" por la actitud que encuentra en muchos grupos en relación al derecho a la vivienda y "la criminalización de la pobreza" que detecta en muchas posturas.

"Si se hubieran acercado a hablar con alguien que está esperando una mañana a que tumben la puerta de su casa y entren a echarle de ella no hablarían así", asevera el diputado en declaraciones a Europa Press, y reconociendo como "una muestra del retroceso democrático y de derechos" que la primera ley de vivienda no vaya a garantizar su acceso, sino a facilitar su desalojo.

Para Lucía Martín, la ley "no va a solucionar el problema porque no se quiere ir a la raíz de lo q pasa". "Las mafias seguirán actuando porque la necesidad existe, la gente más vulnerable sufrirá igual porque los servicios sociales están colapsados y no tendrán garantía de realojo", ha apostillado.

Mayoral recuerda otra legislativa referida a las ocupaciones, esta de Ciudadanos, "mucho más agresiva", y que menciona los 'narcopisos'. En este sentido, ha señalado a los fondos buitre por permitir problemas de convivencia este tipo en viviendas con el fin de forzar el abandono de los vecinos y poder adquirir bloques enteros "con los que especular".