Unidos Podemos exige al Gobierno que anule la concesión de la AP-6 y recupere su gestión pública

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha reclamado en el Congreso que anule la concesión de la autopista de peaje AP-6, no renueve la concesión de esta vía, adjudicada a Iberpistas (Abertis), y que el Estado recupere la gestión pública de la misma.

Así, consta en la proposición no de ley registrada por el grupo confederal en el Congreso, junto a la Plataforma AP-6 Libre de Peajes y la asociación ecologista Centaurea, que pretenden someter a debate y votación en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja.

Unidos Podemos y las plataformas sostienen que la adjudicación concedida en 1999 a Iberpistas para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopistas de peaje (A-6 Segovia, A-6 Ávila y A-6 Villalba-Adanero) fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010 por vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública.

La Justicia europea dictaminó, a raíz de la denuncia interpuesta por CC.OO. Ávila y Centaurea, que el Gobierno presidido entonces por José María Aznar había actuado contrario a las directivas por no publicar en el pliego de cláusulas administrativas del concurso la totalidad de obras a ejecutar por el concesionario.

LA CONCESIÓN ACABARÍA EL PRÓXIMO 29 DE ENERO

"Un chanchullo", argumenta Carlos Bravo, de Centaurea, puesto que la adjudicación final se realizó por todos los tramos de peaje de la AP-6 y no sólo por las conexiones mencionadas anteriormente.

"La sentencia dejó a las claras el chanchullo que el Gobierno de entonces había intentado cometer, adjudicando a una empresa cuya concesión acababa en 2018, metiendo otras dos autopistas de peaje", ha resumido, en declaraciones a los medios ante el Congreso de los Diputados.

"No le pedimos otra cosa más que cumpla la ley. El Gobierno tiene que cumplir la sentencia de un tribunal que está por encima de las instituciones españolas", ha apostillado Ángel Zancajo, de la Plataforma AP-6 Libre de Peajes.

Según esta lógica, sustentada por Unidos Podemos en la iniciativa, la única concesión vigente es la original, de 1968, que expira el próximo 29 de enero, por lo que reclaman al Gobierno que no renueve la concesión y la gestión revierta al Estado.

"NADIE HA ASUMIDO AÚN SU RESPONSABILIDAD"

Por parte del grupo confederal, tanto su portavoz en la Comisión de Fomento, Félix Alonso Cantorné (En Comú) como su diputado Juantxo López Uralde (Equo), han criticado la gestión del Gobierno en la reciente crisis de la noche del pasado 6 de enero, cuando más de 3.000 vehículos quedaron atrapados "por la incompetencia e incapacidad de la concesionaria y de Tráfico".

"Pasados más de diez días de aquella noche todavía nadie ha asumido la responsabilidad política de aquellos hechos", ha dicho López Uralde, que ha vuelto a pedir la dimisión del diretor general de Tráfico, Gregorio Serrano, y las explicaciones de los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso.

Cantorné ha defendido la recuperación pública de la gestión, argumentando que el paso diario de 20.000 vehículos por la vía suponen 100 millones de euros anuales "que corresponden al Estado". En este sentido, ha reclamado al Gobierno "que se moje" y defina "cuál es su modelo" para las autopistas. "Nuestro modelo está muy claro: Que revierta al Estado", ha concluido.

En la iniciativa, Unidos Podemos también ha incluido un punto en el que demandan "nuevas fórmulas para el mantenimiento de las vías rápidas que contemplen la eliminación de los peajes", que deberían ser sustituidos" por un modelo más equitativo desde una perspectiva social y territorial".