UGT insta al Gobierno a negociar un nuevo contrato social y plantea medidas para "rescatar a las personas"

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, reunida este viernes en Bilbao, ha instado al futuro Gobierno a negociar un nuevo contrato social que "reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos". Para ello, planteará una serie de medidas "urgentes" con el objetivo de "rescatar a las personas".

Esta petición se ha realizado tras el análisis que ha hecho la Ejecutiva del debate de Investidura y ante la previsible constitución de un nuevo Gobierno tras la segunda votación que se celebrará el sábado.

En un comunicado, UGT ha indicado que la sociedad "no puede esperar" porque sus "graves problemas no lo hacen" y ha reclamado al futuro Gobierno central poner en marcha "inmediatamente" el diálogo social al que se ha comprometido el candidato a presidente, Mariano Rajoy,

Por ello, en línea con el documento "20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social" que elaboraron conjuntamente UGT y CCOO, plantea una serie de medidas que considera "imprescindibles" para solucionar "los problemas laborales y sociales más graves".

"Pondremos esas medidas sobre las mesas de negociación que se ha comprometido a poner en marcha el candidato a la presidencia y emplazamos al futuro Gobierno, y al resto de las fuerzas parlamentarias y agentes sociales a que se comprometan a discutirlas y, a aquellos partidos políticos que se comprometieron a respaldarlas, a defenderlas", ha añadido.

UGT ha indicado que es "prioritario" recomponer la sociedad "rescatando" a las personas de "los tremendos daños sociales ocasionados por más de ocho años de intensa crisis y por seis años de políticas de recortes y de desmantelamiento de los sistemas públicos esenciales".

"FRACTURA SOCIAL"

Tras señalar que el crecimiento económico "no logrará eso por sí solo", ha asegurado que se necesita una "acción decidida" de los poderes públicos para "reparar los daños" ocasionados, lo que requiere de "un pacto global que plantee este rescate de manera extensa y coordinada, que afecte a toda la protección social del país, que se ha deteriorado de manera muy preocupante y podría desembocar en fractura social, si no se actúa con urgencia".

A su juicio, es necesario conformar "un proyecto de país duradero y sostenible", que se asiente sobre "consensos básicos" que "aseguren la estabilidad, que trasciendan por tanto el plazo temporal de una legislatura, y que recojan soluciones urgentes y eficaces a los problemas de la ciudadanía".

UGT ha adelantado que plantearán dos líneas de negociación, una será una línea de actuación "urgente", que, en su opinión, debe implicar medidas de "rápida" puesta en marcha para "rescatar a las personas y sentar las condiciones mínimas para iniciar el proceso de negociación de las actuaciones que precisan mayor debate".

En concreto, en empleo y relaciones laborales, plantea poner en marcha un plan de choque por el empleo, con "medidas específicas" para los colectivos con mayores dificultades. También reclama derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y establecer por ley el valor del SMI en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto, fijando como primer paso un SMI de 800 euros para 2017.

En materia de protección social, propone derogar la reforma del sistema de Pensiones de 2013 así como establecer una Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos básicos a las personas que carecen de empleo.

Sus propuestas también se centran en acabar con los desahucios de primeras viviendas que no estén acompañados de una alternativa para los desalojados, así como en derogar los cambios en la Ley de Dependencia.

En el capítulo de libertades y garantías democráticas, propone derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así como el artículo 315.3 del Código Penal y exonerar a todos los trabajadores procesados o condenados por participar en una huelga, y eliminar los expedientes que se les han abierto y cerrar todos los procedimientos, indultos incluidos.

En la defensa de los derechos humanos, reclama un "compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en España y en las instituciones europeas".

También defiende promover un "nuevo enfoque" de la política europea de migraciones en la que el objetivo principal sea "impedir que las personas mueran o pongan en peligro su vida intentando llegar a territorio europeo".

Por otra parte, ha propuesto una segunda línea de actuación que requiere de "un grado de análisis más dilatado y extenso", en el seno del proceso de diálogo social.

En materia de empleo, plantea situar la reducción del desempleo y la creación de empleo de calidad, mediante la actuación sobre la contratación, "como objetivo número uno de todas las políticas". En relación a los salarios propone una estrategia de crecimiento de los salarios para "ganar poder adquisitivo" y que participen del crecimiento económico.

Otras demandas son negociar una posición común para plantear en Europa otra "política económica y presupuestaria" que acabe con la "austeridad" y, en el capítulo de protección social, defiende fortalecer el gasto social, establecer un suelo de gasto público y revertir las reformas que "han recortado los servicios públicos".

También propone reactivar el Pacto de Toledo para consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice "su sostenibilidad futura y la calidad de las pensiones, mediante nuevas fuentes de financiación de todo el sistema de pensiones, vía impuestos".

Asimismo, ve necesario también realizar una reforma del sistema de protección por desempleo para hacerlo "más inclusivo y extenso", estableciendo un mínimo de cobertura de la prestación por desempleo del 75% de los actuales desempleados.

Además, reclama restituir el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria; instaurar un sistema público de servicios sociales, "con prestaciones y servicios suficientes que garanticen una protección universal"; una reforma fiscal "integral"; derogar la LOMCE; o poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, entre otras.

UGT ha afirmado que el país necesita, "de manera prioritaria y urgente", actuaciones para "crear empleo con derechos", para mejorar el sistema de protección social y combatir la "pobreza creciente" incluso entre la población trabajadora. "Y ninguna de esas cuestiones forman parte del programa de Gobierno planteado por el candidato a la presidencia", ha denunciado.

En concreto, ha criticado que no contemple una revisión con las instituciones europeas de los plazos para la consolidación fiscal para evitar "nuevos sacrificios" y que tampoco contemple la derogación de las reformas laborales.

"No tiene planes para el fortalecimiento de las políticas esenciales del Estado de Bienestar, ni una política fiscal con medidas contundentes frente al fraude (..) No plantea invertir recursos en un plan de choque para la creación de empleo, ni un incremento sostenido del SMI, ni medidas para la viabilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, o una estrategia para la recuperación de unos servicios públicos de calidad y de acceso universal", ha apuntado.

UGT considera "esencial" abordar estas cuestiones para iniciar el "nuevo tiempo político" que demandaron los ciudadanos en las elecciones generales y que necesita la sociedad para "reparar las fracturas sociales abiertas en nuestro país durante los últimos años".

A su juicio, sería "completamente inaceptable" escudarse tras el argumento de la presunta falta de recursos públicos o de los compromisos para reducir el déficit para "evitar que esas brechas se conviertan en estructurales".