El Tribunal de Cuentas presenta hoy el informe que apreció descontrol en el cobro indebido del paro

El Tribunal de Cuentas presenta este martes en el Congreso el informe que alertaba de la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, advirtiendo de que este departamento había aportado hasta tres cifras diferentes de deudores y deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2013.

Así, el 'Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas' será uno de los informes que el presidente de este órgano, Ramón Álvarez de Miranda, dará cuenta ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Según el informe remitido a las Cortes en noviembre de 2015, los Servicios Centrales del SEPE cifraban en 324.814 los deudores y 582,3 millones de euros la deuda por cobros indebidos de prestaciones, mientras que las direcciones provinciales reducían la cifra a 320.396 deudores y 562,9 millones de euros.

Sin embargo, en un inventario realizado por el organismo a petición del Tribunal durante el proceso de fiscalización, el número de deudores detectados se elevó hasta los 418.272 y la deuda total, hasta los 769,1 millones de euros, a fecha de 31 de diciembre de 2013.

CONTRADICCIONES E INCOHERENCIAS

Estas "contradicciones" en los datos son consecuencia de informaciones repletas de "incoherencias, inconsistencias y errores", que provocan un "control deficiente" por parte del SEPE, lo que "no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos".

Entre otras incidencias, el organismo fiscalizador señala que hasta 35.025 deudores constaban con informaciones diferentes según la base de datos consultada, que hay errores de registro o transcripción que conducen a "importes carentes de sentido", y que el 10% de la deuda contabilizada en el inventario (81,6 millones de euros) es anterior a 2010 y, por tanto, está "presumiblemente prescrita".

Además, 1,22 millones de los 47,21 millones que el los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo incluyen en el inventario como deuda derivada de la responsabilidad empresarial han sido dados de baja por las direcciones provinciales por considerarlos "créditos incobrables".

Igualmente, los datos sobre número de beneficiarios, saldo vivo de deuda e importe de cobros indebidos generados en 2013 son diferentes a los que proporcionan las direcciones provinciales, por lo que el Tribunal concluye que "la información proporcionada por las bases de datos que soportan el inventario no refleja la situación real de la deuda viva a 31 de diciembre de 2013".

¿POR QUÉ SE PRODUCEN ESTAS INCOHERENCIAS?

A juicio del Tribunal de Cuentas, esta situación se produce por dos fenómenos. Por una parte, porque el SEPE no colabora con otras instituciones que podrían aportarle información crucial en este tema como la Tesorería General de la Seguridad Social, que cuenta con el fichero de inscripción de empresas con el que se podrían actualizar las compañías que se dan de baja o que son insolventes; con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o con el Registro Civil, que permitiría detectar el pago a fallecidos.

Según el Tribunal, tampoco se trabaja de forma coordinada con los servicios de empleo autonómicos para que avisen sobre la existencia de ofertas de trabajo rechazadas, abandonos de itinerarios formativos o cualquier otro requisito necesario para cobrar el paro; ni se han suscrito convenios con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para comunicar sentencias favorables a los trabajadores en casos de despido individual o colectivo.

Todo esto "dificulta que el SEPE detecte posibles cobros indebidos", advierte el organismo fiscalizador, que apunta por otra parte a la inoperancia de las aplicaciones informáticas utilizadas para gestionar y controlar los cobros indebidos por su "falta de integración", lo que conlleva "errores, datos duplicados y riesgos e ineficiencias".

Por eso, se recomienda al Ministerio de Empleo que cree enlaces entre las aplicaciones informáticas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social u organismos adscritos para mejorar la comunicación entre ellas, y sugiere al SEPE que integre toda la información en una única base de datos que pueda explotarse con una nueva herramienta informática.

CADA DELEGACIÓN LO HACE DE UNA MANERA

Por otra parte, el organismo que preside Álvarez de Miranda advierte de que los servicios centrales del SEPE "no cumplen su función de homogeneizar y coordinar" a las direcciones provinciales más allá de dictar instrucciones "parciales" sobre cómo recuperar prestaciones pagadas de forma indebida, y tampoco controlar si todas las delegaciones lo hacen del mismo modo, algo que generalmente no sucede ya que "no utilizan, con carácter general", la información de que disponen.

Asimismo, los bancos privados que colaboran con el SEPE para recuperar los cobros indebidos no cumplen sus obligaciones de información lo que hace que "un porcentaje elevado de ingresos presenten errores", obligando a las direcciones provinciales a identificar de forma manual al deudor.

"Este proceder no garantiza que todos los ingresos realizados hayan sido asignados correctamente a la cancelación de la deuda, por lo que existe el riesgo de que se reclame el cobro indebido a un deudor que ya lo haya abonado", avisa el informe.

Igualmente, el Tribunal cree que "existe el riesgo de que se compensen con nuevas prestaciones por desempleo cobros indebidos ya prescritos, ya que la aplicación informática utilizada para la gestión de las prestaciones no genera ningún aviso o impedimento para efectuar dicha compensación", por lo que es el gestor el que debe verificar cada caso.

También deben realizarse de forma manual varias gestiones del procedimiento por vía ejecutiva que son "potencialmente automatizables" y que, sin embargo, están ocupando "numerosos recursos humanos", lo que se suma a la "insuficiencia" de los actuales medios técnicos y personales de las direcciones provinciales de Madrid y Barcelona, provocando una "menor eficacia" y una dilatación de los procesos que lleva a la prescripción a gran parte de las deudas.

Junto a todo esto, la Tesorería General de la Seguridad Social no gestiona en vía ejecutiva la deuda derivada de responsabilidad empresarial del SEPE cuyo deudor sea una Administración o entidad pública, deuda que a 31 de diciembre de 2013 ya se elevaba a 8,48 millones de euros, según el Tribunal.

Por eso, el organismo recomienda al SEPE que analice si la dotación de recursos humanos y técnicos es "adecuada", que diseñe un plan de formación específico para el personal que tramita los cobros indebidos, que fortalezca las acciones de detección de este tipo de deudas, que promueva convenios para que otros organismos faciliten información y que exija a los bancos que cumplan con lo preceptuado en sus contratos de servicio sobre la información de ingresos en efectivo recibidos que proporciona.

Además, propone mejorar el sistema de pago mediante transferencias bancarias del SEPE y valorar la posibilidad de incorporar nuevos medios de pago, por ejemplo a través de su página web. Igualmente, cree que este organismo debería identificar la deuda prescrita y ejercer sus competencias de homogeneización, coordinación y supervisión de las direcciones provinciales, comenzando por elaborar un manual.

Finalmente, recomienda al Ministerio de Empleo que estudie la posibilidad de establecer un procedimiento especial de abono directo del Fogasa al SEPE de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas como consecuencia del abono de salarios de tramitación a los trabajadores, de modo que mejore "sustancialmente" la eficacia y la eficiencia en el procedimiento.