El Tribunal Constitucional anula la jornada de 35 horas de los funcionarios en Andalucía

El Constitucional considera que al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa comunidad, este decreto-ley "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, que discrepa de la fundamentación de la sentencia y del fallo. El decreto ley de la Junta que había sido recurrido por el Gobierno central afectaba a más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica y entró en vigor desde el pasado mes de enero de 2017.

El Tribunal resuelve, en primer lugar, si el establecimiento de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales para los funcionarios de andaluces vulnera, como sostiene el Gobierno, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

Según explica la sentencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue aprobada por el Gobierno "en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios". Esta norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, "no podrá ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual".

En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de 35 horas semanales de promedio al año "resulta incompatible" con la ley estatal, que la fija en un mínimo de 37 horas y media semanales.

Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de Educación Infantil y Primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Supremo "incompatible" con la estatal, y habla de "contradicciones", pues, según la norma del Gobierno, "la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas".

Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida "invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos".

Finalmente, el Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, "no es necesario pronunciarse" sobre la eventual vulneración, también denunciada por el Gobierno, del artículo 86 de la Constitución y del artículo 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

VOTO PARTICULAR

En su voto particular, el magistrado Valdés Dal-Ré se remite a los argumentos con los que expresó su discrepancia respecto de anteriores sentencias del Constitucional. Entonces este magistrado consideró que el Tribunal "debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el artículo 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida".

Estos preceptos establecen, respectivamente, la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.

EN VIGOR DESDE MEDIADOS DE ENERO

La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz en 2016. Dicho decreto permitió restablecer una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.

Esta medida que, según los datos de la Junta, mejora las condiciones de más de 270.000 trabajadores y forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del 2 de junio del 2016 con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.