El Constitucional anula el pago de la plusvalía en la venta de viviendas con pérdidas

El alto tribunal ha considerado que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo" computable entre uno (mínimo) y veinte años (máximo).

Por ello, según la sentencia del Constitucional, hasta ahora el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo.

Esta circunstancia, según el tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica".

La sentencia añade que basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se vincule a esta circunstancia, "como consecuencia inseparable e irrefutable", un incremento de valor sometido a tributación.

Esto se cuantifica de forma automática mediante la aplicación al valor que tenga ese terreno a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no solo de la cantidad real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

El Alto Tribunal declara la inconstitucionalidad y la nulidad de esta ley "solo en la medida en la que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".

Desde la publicación de esta sentencia corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de "no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

La sentencia del Constitucional avala lo que establecieron las sentencias referidas a este mismo gravamen en Guipúzcoa y Álava, en las que el tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos con plusvalías es "constitucionalmente admisible siempre y cuando respeten el principio de capacidad económica".

Asimismo, señala que para salvaguardar dicho principio, el impuesto "no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".

550.000 VIVIENDAS PUEDEN PEDIR LA PLUSVALÍA

El número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmuebles, según cálculos realizados por Tinsa a partir de sus estadísticas de evolución del precio de la vivienda (índice IMIE) y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.

La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años.

Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.