Standard & Poors eleva la calificación de Navarra de A a A+ con perspectiva positiva

Asimismo, S&P valora "muy positivamente" el acuerdo alcanzado con el Estado en torno al Convenio Económico, que "dota a Navarra de estabilidad y mayores ingresos", y ha valorado la reducción del déficit en "una senda de consolidación sostenible".

S&P reconoce que el rating de Navarra se sitúa tres escalones por encima del Estado, pero la normativa establece que la calificación de una región no puede ser más de dos escalones superior. Tras la subida de España de BBB+ a A-, a Navarra se le concede la A+ con perspectiva positiva "situándose de nuevo en el máximo nivel permitido", ha destacado el Ejecutivo foral en un comunicado.

CONVENIO ECONÓMICO

La agencia de calificación valora positivamente el acuerdo alcanzado el pasado 27 de diciembre entre ambas administraciones en torno al Convenio Económico y destaca que es "la primera vez que Navarra ha realizado un análisis tan exhaustivo de todos los elementos tomados en consideración, lo que servirá como base para las negociaciones de 2020, independientemente del color político tanto del gobierno de Navarra como del gobierno de España".

Según recoge en su informe, "el resultado de tan largas negociaciones ha sido positivo para Navarra" que ahora "tiene un mayor grado de certeza con respecto a sus recursos y gastos hasta 2019 y que son más favorables para la Comunidad foral que en los últimos cinco años". S&P señala, asimismo, que "el montante de Aportación que se pagará en los próximos años es menor que el establecido hasta 2014, el cual, en ausencia del nuevo acuerdo, había sido la referencia para los años 2015 y 2016". Además, la agencia ha tenido en cuenta los ajustes en el IVA y otros impuestos indirectos y que ha calificado como "actualmente favorables para Navarra".

S&P señala que la gestión financiera de Navarra "demuestra habilidades sólidas y conocimiento de los principales riesgos de la región", en particular con respecto a las relaciones financieras con el gobierno del Estado.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

En su informe, S&P afirma que "las menores necesidades de financiación respaldadas por un fuerte crecimiento de los ingresos contribuirán a la tendencia a la reducción de la deuda de Navarra y estabilizarán su colchón de liquidez".

Según explica, los coeficientes presupuestarios de Navarra para 2017 son "mayores que lo habitual" y entre las razones para ello destacan "los mayores ingresos por la reforma fiscal de 2015 y por el acuerdo alcanzado en torno al Convenio Económico". Asimismo prevé que, aunque en menor proporción, los ingresos también aumentarán durante el periodo 2018-2020 debido al "continuo crecimiento económico y al favorable acuerdo firmado con el gobierno español", y espera que "gradualmente reduzca su déficit en línea con los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

S&P añade que Navarra va a concertar menos deuda que la permitida. Destaca también la utilización del colchón de efectivo para la amortización anticipada del préstamo de 128 millones contraído con el Banco Santander, el más caro que quedaba activo. En ese sentido, la agencia valora que Navarra "ha construido lentamente un colchón de efectivo a través de las emisiones de deuda de 2016 y 2017, que restableció un saldo positivo de fondos a fines de 2017".

Por último, la agencia de calificación ha destacado que Navarra "tiene acceso a un grupo fuerte de bancos nacionales" y hace mención a que también haya recibido financiación del Banco Europeo de Inversiones "a tasas muy favorables".

ECONOMÍA "MÁS EQUILIBRADA Y COMPETITIVA"

Sobre la economía de Navarra, S&P recoge en su último informe que es "más equilibrada y competitiva que la española y más orientada a la exportación". También señala su "baja dependencia del sector servicios frente a otras regiones del Estado".

Respecto al mercado laboral, S&P destaca que durante la crisis económica mundial Navarra fue "más resistente" y apunta como resultado a la tasa de desempleo de la Comunidad Foral en el cuarto trimestre de 2017 que se situó en el 9.6%, frente al 16.6% del Estado.