El Pleno del Congreso exige al Gobierno la derogación de "las sucesivas reformas laborales"

El Pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que exige al Gobierno que promueva, junto con sindicatos y patronal, un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que derogue las sucesivas reformas laborales" y permita "poner fin a los efectos más perniciosos" que estas normas, denuncian, han supuesto para el mercado de trabajo.

Entre los efectos que cita el texto aprobado se encuentran "el exceso de temporalidad y alta rotación derivada del abuso de los contratos eventuales de muy corta duración, así como el trabajo a tiempo parcial no deseado, reforzando la negociación colectiva como fuente de derecho".

La iniciativa, llevada al Pleno por el PSOE y finalmente pactada con Unidos Podemos y PNV, ha sido apoyada también por Esquerra Republicana, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el PDeCAT, que apoyó las reformas laborales del PSOE en 2010 y del PP en 2012, ha optado por abstenerse.

Este nuevo Estatuto, reclaman, deberá asegurar "un marco de relaciones laborales equilibrado, que respete la autonomía colectiva, y garantice de forma efectiva los derechos de las personas trabajadoras, su seguridad y salud laboral, el tiempo de trabajo, su duración y control, el principio de no discriminación, con garantías para los supuestos de sucesión de empresa y subcontratación, así como un salario digno".

Asimismo, llaman a fijar "un nuevo pacto de rentas" para que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de renta nacional antes de la crisis, incrementando de forma gradual el salario mínimo hasta los 1.000 euros en 2020.

CONTRATO INDEFINIDO COMO "FORMA ORDINARIA DE ACCESO AL EMPLEO"

En una moción pactada este martes y a la que ha tenido acceso Europa Press, las tres formaciones abogan por cercenar la contratación temporal, "prestando especial atención a los trabajos para jóvenes y trabajos en prácticas", con el fin de que la contratación indefinida "sea la forma ordinaria de acceso al empleo y que la contratación temporal responda a causas justificadas", y "evitar que" la temporalidad "sea realmente el instrumento de entrada en el mercado de trabajo", y aumentar las sanciones por fraude.

Por otro lado, también llaman a derogar la reforma del trabajo a tiempo parcial de 2013, y sustituirla por una nueva regulación "que actúe como elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas, y que sea homologable con la existente en otros países europeos".

Entre otras cuestiones, reclaman la reforma de la regulación del pacto de horas complementarias y eliminar el ofrecimiento de realización de horas complementarias establecidas en la actual regulación, así como "formas de precarización" como los falsos autónomos, falsos becarios y "otras fórmulas de explotación temporal".

En este sentido, exigen que se impida "que pueda haber becas que sustituyan puestos de trabajo" y se asegure que "sirvan exclusivamente para lo que están concebidas, que es completar la formación de los estudiantes".

PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN CON MÁS INSPECCIÓN

Otra de las medidas pactadas pasa por restablecer los principios de la negociación colectiva, atendiendo a los relativos a la legitimación para negociar, a la eficacia de los convenios, la primacía del resultado de esta negociación y la atención a los ámbitos sectorial y territorial.

Paralelamente, demandan la elaboración y ejecución de un plan contra la explotación laboral "dirigido a la prevención, regulación y sanción de prácticas que, de forma o indirecta, supongan o incidan en esta explotación".

Con este fin, exigen reforzar "de forma efectiva y real" la vigilancia sobre las normas sobre tiempo de trabajo en la Inspección Laboral, modificando la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aumentando las inspecciones, recursos y personal, y asegurando una mayor especialización de la plantilla.

JÓVENES, MAYORES Y MUJERES

Otra de las medidas planteadas pasan por la puesta en marcha un Plan de Choque para el Empleo de las Personas Jóvenes, que incluya un itinerario de inserción --con garantía de evaluación, seguimiento y dotación económica suficiente--, revise el contrato relevo y el contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, así como la revisión de las prácticas extracurriculares. Todo ello como base para aprobar un Estatuto del Becario.

Por otro lado, la moción llama a "recuperar y reactivar" las políticas activas de empleo con más presupuesto --piden volver a los niveles presupuestarios de 2011-- y desarrollar programas específicos para personas que no cuentan ni con empleo ni prestación.

Entre estos colectivos destacan a los mayores de 45 años con más de dos años en situación de desempleo y hayan agotado su prestación, jóvenes de 30 años --piden mejorar la eficiencia de la Garantía Juvenil--, las mujeres --exigen reducir la brecha de género y la tasa de ocupación y avanzar en la corresponsabilidad familiar--, y mejorar la empleabilidad a través de itinerarios de inserción.