El Parlamento se muestra favorable a regular las encomiendas de gestión, como pide el Tribunal de Cuentas

El presidente del organismo fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado ante la comisión varios informes sobre el uso de las encomiendas de gestión en el ámbito público y una moción respecto a este asunto, en el que se recomendaba la aprobación de una regulación básica y común para todas las administraciones sobre el uso de esta figura contractual.

"Siendo una figura cada día más utilizada y con un grandísimo potencial, se encuentra escasamente regulada, lo que puede devenir en un problema de gestión por ausencia de transparencia", ha advertido Álvarez de Miranda, que considera que una eventual normativa debería prestar especial atención a definir qué se considera un medio propio, cómo se fijan las tarifas o hasta qué porcentaje del presupuesto del contrato se puede subcontratar.

REGULACIÓN "COMPLETA, CLARA Y UNIFORME"

Los portavoces de PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC han mostrado durante sus intervenciones su acuerdo con respecto a las propuestas del Tribunal, y han coincidido en que es necesario plantear una regulación "más completa, clara y uniforme", pero también "flexible", tal y como ha señalado el senador 'popular' Francisco Javier Fernández González.

En este sentido, ha abogado por aprovechar la tramitación parlamentaria de dos proyectos de ley por los que se trasponen a la normativa nacional sendas directivas comunitarias de contratación pública.

No obstante, ha recordado que el propio Tribunal de Cuentas constata el alto grado de cumplimiento de las regulaciones actuales sobre las encomiendas de gestión, lo que lleva a concluir que se está haciendo una "utilización adecuada" de esta figura, y no un uso indebido, como ha sugerido la diputada socialista Ana Botella.

Una encomienda de gestión es un tipo de contratación pública que permite a una administración encargar actividades a otro órgano público por falta de medios propios adecuados. Sin embargo, la falta de regulación específica provoca diferentes problemas, detectados sistemáticamente por el Tribunal de Cuentas en todos sus informes, tales como su abuso sin justificación suficiente, su utilización como respuesta a carencias estructurales de plantilla o diversas irregularidades en la fijación de los precios.