El Parlamento Europeo abre la vía para impedir que la industria trabaje con 'minerales de sangre'

El reglamento que el Pleno del Parlamento Europeo votará este jueves 16 de marzo sobre el control de procedencia de los minerales de conflicto --conocidos como 'minerales de sangre'-- afectará al 95% de las importaciones europeas del sector y prohibirá a parte de la industria trabajar con este tipo de recursos.

Así lo ha celebrado el PSOE, cuya eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero ha presentado en Madrid la nueva normativa, fruto de un acuerdo que ha calificado de "histórico" y resuelto tras más de dos años de negociaciones y debate sobre las exigencias que se deben plantear a las empresas que trabajan con el oro, el wolframio, el estaño y tantalio.

Estos recursos, utilizados para producir tanto artículos de lujo como de uso común como teléfonos móviles u otros productos electrónicos, se extraen en minas que en muchas ocasiones son controladas por grupos armados de guerrillas de países en los que se cometen violaciones de derechos humanos.

Rodríguez-Piñero ha lamentado el período "excesivamente largo y excesivamente difícil" por las reticencias, ha asegurado, de los representantes conservadores y liberales a introducir cláusulas de obligatoriedad. En este sentido, ha criticado la postura del Ejecutivo español al respecto pues, ha dicho "ha sido de los más firmes activistas en contra de una regulación de carácter obligatorio".

HASTA AHORA SÓLO ERA VOLUNTARIO

Hasta el momento, el sistema voluntario que existía para las empresas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era seguido únicamente por el 4% de las 420 empresas que importan minerales de conflicto, según ha denunciado el PSOE. "La voluntariedad es obvio que es absolutamente ineficaz", ha lamentado Rodríguez-Piñero.

La nueva normativa, ha explicado la eurodiputada socialista, obligará a los importadores a garantizar a partir de 2021 que los minerales no proceden de minas controladas por grupos armados o áreas afectadas por graves conflictos o violaciones de derechos humanos. "Les obliga a realizar todas las gestiones razonablemente exigibles y necesarias para certificar la garantía de su procedencia", ha abundado.

Sin embargo, no afectará a todas las empresas por igual, ya que si bien las empresas directamente vinculadas a las minas --extractoras y fundidoras-- están plenamente obligadas, las comerciadoras con minerales, componentes o productos ya terminados, así como las pymes que importan minerales, tendrán la posibilidad voluntaria de adherirse a este compromiso ético.

ENTRARÁ EN VIGOR EN 2021 Y SE EVALUARÁ CADA TRES AÑOS

En todo caso, ha dicho Rodríguez-Piñero, la Comisión Europea ha anunciado su voluntad de incentivar las buenas prácticas de las empresas de la industria exentas de la obligatoriedad. Asimismo, la normativa incluye un umbral de importación mínimo a partir del cual se prohibirá la importación de productos con minerales de sangre.

Ante la dificultad de que esta normativa, que carece de sanciones efectivas para empresas incumplidoras, se lleve efectivamente a cabo, la eurodiputada ha explicado que se realizará una evaluación periódica cada tres años. "Damos un gran paso adelante, pero el gran reto es garantizar su efectividad", ha dicho.

En este sentido, ha avanzado que en caso de que se produzca una elusión de los umbrales que se establecen como objetivos para las empresas no obligadas, se revisará el reglamento y en este caso los socialistas europeos exigirán extender al 100% de la industria la prohibición de tratar con estas minas.

CONTRAPESO A LA POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP

Para Rodríguez-Piñero, la normativa "es un claro ejemplo de cómo la política comercial europea puede actuar en defensa de los derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible". Así, ha puesto como ejemplo el anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a las restricciones para el comercio con este tipo de recurso.

"Además, la razón es porque impone costes elevados a la industria. No valora, ni evalúa ni le importa el coste en términos de vidas humanas ni vejaciones ni violaciones de derechos humanos", ha criticado, argumentando que la Unión Europea "tiene otro concepto de entender la globalización y la política comercial".