PSOE logra el apoyo de Unidos Podemos, Cs y PNV para tramitar en el Congreso su ley contra cláusulas abusivas

Durante su defensa, la socialista Begoña Tundidor ha explicado que la iniciativa considera como abusiva toda cláusula que vincula el contrato a la voluntad del empresario, limite los derechos del consumidor y usuario o imponga garantías desproporcionadas o la carga de la prueba indebidamente.

Con su propuesta, registrada el pasado noviembre, el PSOE busca definir el concepto de cláusula abusiva y especificar que estas quedan sujetas al régimen de la nulidad de pleno derecho. De esta forma, no podrá tener efectos frente al consumidor y usuario y no permitirá al profesional obtener ningún beneficio o ventaja derivada de ella.

"Supondrá que cualquier cláusula que pudiera ser considerada como abusiva podrá ser perseguida de oficio", ha explicado en su intervención, destacando el valor de la transparencia como "clave de bóveda del sistema de protección".

Asimismo, Tundidor ha destacado que las modificaciones legales que proponen --en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Condiciones Generales de la Contratación, la de Contrato de Seguro y la del Mercado de Valores-- abarca tanto contratación pública como privada y compras 'online'.

TRASPONER DOCTRINA JURISDICCIONAL

Por Unidos Podemos, su portavoz económico, Alberto Montero ha criticado que la trasposición llegue "tarde e incompleta" y ha recordado que "habría ahorrado mucho daño social y personal". En todo caso, ha lamentado que deje fuera los contratos de adhesión y no reconozca que el derecho al consumo es "tuitivo", y como tal, trata de proteger al débil.

En todo caso, ha reconocido que "es un avance que se presente" y por ello ha avanzado que tratarán de enmendarla para reforzar el control y mantener, al menos, los niveles de exigencia que marca la directiva, pues cree que no alcanza en la propuesta.

Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha valorado positivamente la iniciativa por llevar la trasposición de jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Justicia Europea --si bien ha dicho que en lo referido a contratos entre empresas la contraviene--, aunque ha dicho que el "control más garantista" en lo referido a cláusulas abusivas puede dar lugar a "posibilidades absurdas", y tratarán de enmendar este apartado.

La portavoz económica de PNV, Idoia Sagastizabal, ha dicho que aunque cree que requiere una mayor clarificación en cláusulas abusivas y la carga de la prueba, a la espera de la trasposición de Mifid II, en tramitación parlamentaria, cree que mejora los derechos reconocidos.

Enric Bataller, de Compromís, ha avanzado el apoyo de los cuatro diputados de la formación valenciana, aunque cree que "podría haberse sido más valiente" y extender a "empresarios, aseguradoras o entidades financieras" las exigencias en transparencia establecidas.

RECHAZO DEL PP Y FORO: "TRAERÍA INSEGURIDAD JURÍDICA"

Frente a ello, en una postura totalmente opuesta, el diputado 'popular' José Ramón García Cañal ha desechado la propuesta pues, a su juicio, "adolece de importantes defectos de imposible corrección".

"Desconoce la actual legislación, que garantiza y contempla más adecuadamente la legislación propuesta y por contravenir las directivas comunitarias", ha criticado García Cañal, que cree que "introduce una gran incertidumbre que puede causar grave perjuicio patrimonial a consumidores, empresas y particulares".

Una línea similar a la defendida por el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha criticado que esta iniciativa "podría arrastrar a inseguridad jurídica" por suponer "una involución de derechos ya reconocidos", pues cree que la trasposición ya realizada "ha ido un poco más allá" de las exigencias de la directiva comunitaria.