El PSOE lleva al Congreso una ley para elevar la cuantía de la pensión de viudedad

La iniciativa, recogida por Europa Press, pretende plasmar una subida progresiva en el cómputo de estas prestaciones hasta el 59% de la base reguladora en todos los regímenes de la Seguridad Social en 2018 y un 60% de los mismos a partir del año 2019.

De esta forma, los socialistas quieren hacer efectiva la disposición adicional número 30 de la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011, que establecía un aumento progresivo de las pensiones de viudedad en los citados supuestos durante los ocho años siguientes a la aprobación de la nueva ley.

UNA SUBIDA APROBADA Y DESPUÉS SUSPENDIDA POR EL PP

A pesar de aprobarse esta disposición por unanimidad tanto en el Congreso como en el Senado, el PSOE critica que el Gobierno del PP decidiera, al poco de llegar a La Moncloa, posponer su aplicación, dentro de un paquete de medidas dirigidas a recortar el gasto y contener el déficit público.

Todo ello a pesar de no derogarse en ninguna norma esta disposición, cuyo mandato legal fue después suspendido en las sucesivas leyes presupuestarias desde 2012 hasta 2016.

En la Ley de Presupuestos de 2017, reconoce el PSOE, no aparece expresamente este aplazamiento, lo que para esta formación "se deduce la intención del Gobierno de no cumplir el mandato de mejora de la pensión de viudedad".

FINANCIACIÓN VÍA PGE

Para financiar el aumento de la prestación, el PSOE quiere recurrir a los Presupuestos Generales del Estado, ya que piden que el coste que suponga el aumento desde el 52% de la base reguladora de la pensión de viudedad --quieren que alcance el 60% en 2019-- corra a cargo de las cuentas públicas, con una transferencia al Presupuesto de la Seguridad Social.

Asimismo, los socialistas incluyen expresamente en su proposición de ley que esta subida un artículo para evitar que esta subida en las pensiones no suponga perjuicio alguno para las pensiones de viudedad percibidas para personas con cargas familiares, para los cuales la prestación se calcula en un 70% de la base reguladora.