La OCU y despachos de abogados preparan acciones judiciales en defensa de los accionistas de Popular

En una nota de prensa, la OCU recuerda que, si una entidad acaba finalmente en manos de otro banco, como ha sido el caso del Popular y su compra por el Santander, éste deberá respetar al pie de la letra y hasta el vencimiento los contratos ya firmados, con todas las condiciones que se hayan firmado tanto de plazos como de rendimientos.

Los depositantes y aquellos usuarios que tengan cuentas en el Popular "no tienen nada que temer", ya que el Banco Santander debe responder por todas las cuantías depositadas, señala la organización de defensa de los consumidores.

La propia nota institucional del FROB insiste en este punto y lo hace en unos términos que implican la subrogación por parte del Banco Santander en todas las obligaciones contractuales del Popular y por tanto los depositantes pueden estar tranquilos.

En todo caso, la OCU está "especialmente preocupada por los accionistas minoritarios que son tratados en este proceso de resolución bancaria, realizada en la noche del 6 al 7 de junio previo a esta venta, de igual forma que los institucionales, de forma que han perdido todo su dinero".

ARBITRAJE JUDICIAL INMEDIATO.

Ante esta situación, la organización va a solicitar un "arbitraje judicial inmediato auspiciado por la Administración en el que los accionistas minoritarios no vean volatilizarse toda su inversión".

Al mismo tiempo, la OCU "está estudiando las acciones judiciales que sean necesarias para defender los intereses de los miles de accionistas minoritarios del Popular en el resto de campos judiciales", al tiempo que trabaja en "una campaña de información a los afectados que se hayan visto perjudicados", señala.

"SE DISPARA LA PETICIÓN DE DEMANDAS".

Por su parte, el despacho de abogados Navas y Cusí asegura que se están "disparando las peticiones de demandas por la macroampliación del Popular" y recuerda que los accionistas perderán todo el dinero invertido. "Muchos además no pueden devolver el crédito", indica.

El despacho de abogados critica las tres macroampliaciones realizadas por el banco, por importe de 5.455 millones de euros. "Les vendieron un producto que no existía. Les dijeron que eran necesarias unas provisiones de 4.700 millones y finalmente fueron de 5.700, nada menos que 1.000 millones adicionales", indica.

Navas y Cusí señala que "incluso se aventuraron beneficios y dividendos que posteriormente se convirtieron en pérdidas multimillonarias y ausencia de beneficio para el accionista", al tiempo que "muchos de los que acudieron a la macroampliación lo hicieron a crédito, sin un análisis de riesgo razonable ni comercializado de manera transparente".