Montoro dice que una desviación del FLA para financiar el 'procés' significaría "un falseamiento de facturas pagadas"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dicho este jueves que su departamento colaborará "activamente" con la Justicia para aclarar si hubo un desvío de recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiar el referéndum ilegal del 1-O y alega que, de haberse producido, esto se traduciría en un "falseamiento de facturas pagadas", en tanto que estos fondos no van a las comunidades autónomas sino a los proveedores.

A preguntas de los periodistas en Granada sobre el auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que expone este posible uso de dinero público para financiar el 'procés', Montoro ha dicho que no tiene por qué "sorprenderse o no" con este documento y que su departamento hará las "comprobaciones pertinentes" para "clarificar lo que haya ocurrido en Cataluña" y colaborar con la Justicia.

Ha recordado que el Fondo de Liquidez Autonómico no va a las comunidades autónomas sino que se dirige a pagar facturas de proveedores, de modo que una desviación de esos recursos significaría que ha tenido que haber "un falseamiento de facturas pagadas y eso --ha agregado-- es una cadena de facturas", por lo que habrá que aclarar estos extremos.

El ministro no se ha pronunciado expresamente cuando ha sido interrogado sobre si cree que la Generalitat pudo "burlar" los controles del Gobierno central para utilizar estos fondos para el referéndum, pero afirma que se harán las comprobaciones necesarias para "seguir aportando a la Justicia desde el Ministerio lo que pueda suceder".

El auto del Juzgado tiene fecha de 20 de enero y en él se detalla que la Comunidad Autónoma de Catalunya recibió 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros el año pasado.

El juez afirma que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que, con el objetivo de celebrar el referéndum del 1-O y a ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida es por lo que dichos gastos fueron imputados al FLA percibido en el año 2017.

El Tribunal Constitucional prohibió expresamente utilizar dinero público para financiar la consulta ilegal. El delito que se investiga en este caso es el de malversación de caudales públicos.