Linde justifica que la ley permitía a Bankia conocer la investigación abierta por la venta de la Torre Cepsa

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, el gobernador ha dicho que, una vez la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri solicitó tal acceso, los servicios jurídicos del Banco de España justificaron la remisión de tal informe "sin la menor duda", con arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Este informe de la inspección del Banco de España, según publica este martes el diario 'El Mundo', concluye que Bankia incumplió la normativa antiblanqueo en la venta en 2016 de la torre que poseía Bankia en los antiguos terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid a la sociedad luxemburguesa Muscari Investissement.

Según estas informaciones, el Banco de España ha tardado más de un año en remitir la información al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la propia Asociación de Inspectores acusa a superiores de filtrar información a la entidad investigada.

JUSTIFICA EL RETRASO EN QUE HUBO QUE "REHACER LA INSPECCIÓN"

Preguntado por los diputados Alberto Montero, de Unidos Podemos, y Francisco de la Torre, de Ciudadanos, Linde ha asegurado que ese informe "no ha estado guardado ni encerrado", y ha explicado el tiempo transcurrido en remitirlo en la necesidad de "rehacer la inspección", una vez Bankia aportó nuevos datos e informaciones al respecto.

"Como consecuencia de ese acceso, Bankia aporta nuevos datos y entonces hay que rehacer la inspección, ampliarla, y eso lleva tiempo. Y cuando se ha acabado esa ampliación, la comisión ejecutiva lo ha enviado a la comisión de prevención de capitales y ya no es asunto del Banco de España", ha afirmado.

Montero ha criticado que permitir a Bankia acceder a este informe abrió la posibilidad de que pudieran "destruirse y falsear pruebas para cuando la Fiscalía o la inspección actuaran" y que el retraso al enviar la investigación abría la puerta a una posible prescripción.

Por su parte, De la Torre ha preguntado si no consideraba un "grave perjuicio al erario público" que se hubiera registrado una diferencia en el precio de venta de estos activos, ya que el mismo día que vendió la citada torre por 397,8 millones, la sociedad luxemburguesa la revendió por 490 millones a Inmobiliaria Pontegadea, propiedad de Amancio Ortega.