El Ibex 35 provisionó 11.660 millones de euros para litigios en 2016

Banco Santander fue la que más provisionó para pleitos, con cerca de 3.000 millones de euros, la cuarta parte del total de la hucha. La segunda fue Repsol, con 1.500 millones de euros, mientras que Caixabank se situó en tercer lugar, con 1.400 millones de euros.

Por el contrario, la empresa que menos provisionó para litigios de entre las 29 que ofrecen este dato fue Acerinox, con 387.000 euros, algo menos que Viscofan, que asignó 398.000 euros a esta partida.

Por sectores, el bancario fue el que reservó una mayor cantidad para procesos judiciales, un total de 6.000 millones de euros, seguido del sector de petróleo y energía, con más de 3.000 millones de euros.

El informe de Llorente & Cuenca también apunta que la mayoría de los litigios en los que las empresas del Ibex incurrieron fueron de componente fiscal, debido a diferencias en la interpretación de la legislación tributaria en otros países.

Otros temas importantes relacionados con estas provisiones fueron las cuestiones laborales, el abuso de posición de dominio en el mercado, los arbitrajes internacionales o los litigios medioambientales.

CONSECUENCIAS PARA LA REPUTACIÓN

Los responsables del informe, Luis González y Alba García, han señalado que proporcionar esta información constituye "un buen ejercicio de transparencia por parte de las compañías", ya que "ayuda a mostrar su visión y posición al respecto".

Sin embargo, han advertido que también existe un riesgo reputacional derivado. Así, cuanto mayor es el importe que la compañía debe provisionar, más dudas pueden surgir en terceros sobre su capacidad gestora o la solvencia de su equipo directivo.

Por otra parte, han destacado que la existencia de distintos tipos de pleitos en una empresa puede llevar a asociarla con prácticas indeseadas, lo que puede poner en duda su eficacia y honestidad en la gestión integral de la misma.

Además, el desarrollo de los distintos procesos judiciales puede tener un impacto por sí mismo, debido a posibles filtraciones, sentencias o vistas públicas, por lo que consideran "fundamental" la gestión de la comunicación durante todo el proceso judicial.

Por último, la reputación de la compañía se verá afectada si finalmente resultada condenada, ya que entonces se acumulan todos los riesgos anteriores --ya convertidos en certezas--, han alertado González y García.