La ILP de sindicatos para una renta mínima supera en el Congreso el rechazo de PP y Cs

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos CC.OO. y UGT para establecer una renta mínima de 426 euros a toda persona desempleada.

Así, el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias han rechazado el texto alternativo propuesto por los 'populares', que solo han encontrado apoyo en Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, insuficiente para tumbar el texto de por los sindicatos y que el Congreso aceptó tramitar el febrero de este año.

En su enmienda, el PP abogaba por prescindir de la ILP y a cambio crear por ley un grupo de trabajo que en seis meses estudie el "mapa de prestaciones existente en España" y permita delimitar las competencias de las administraciones central y autonómicas en "la creación, gestión y pago de prestaciones y ayudas".

426 EUROS PARA 2,4 MILLONES DE PERSONAS

En cambio, la proposición de ley impulsada por Comisiones Obreras y UGT busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.