Hacienda negocia hoy con los sindicatos la parte variable de la subida salarial de los funcionarios

Los salarios subirán un 1,5% en 2018, un 1,75% en 2019 y un 2% en 2010, a lo que se sumará otra parte variable

Hacienda ofrece una horquilla de entre el 5,25% y el 7,25% en el próximo trienio

El Ministerio de Hacienda y Función Pública se vuelve a reunir este miércoles con los sindicatos más representativos del sector público (CC.OO., UGT y CSIF) para seguir negociando la parte variable de la subida salarial de los funcionarios el próximo trienio, tras haberles ofrecido ayer un incremento salarial fijo del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020. A estas subidas fijas se sumarían otras alzas variables de hasta un máximo de dos puntos en función de la evolución del PIB, si bien éstas están pendiente de concretar en la reunión de este miércoles.

La horquilla de subida salarial ofrecida por Hacienda para los próximos tres años iría de un mínimo del 5,25% a un máximo del 7,25%, según informaron ayer los representantes sindicales al término de la reunión mantenida con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

En detalle, el incremento ofrecido por Hacienda contempla una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.

Esta parte variable podría aportar, si se cumple la previsión de crecimiento del Gobierno, un alza adicional del 0,25% en 2018, del 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. En el caso de que se superase en medio punto la previsión del PIB, la subida adicional sería del 0,5% en 2018 y otro 0,75% en 2019 y en 2020.

Con estas cifras, la horquilla de subida salarial para los funcionarios de 2018 ofrecida por Hacienda para los próximos tres ejercicios iría de un mínimo del 5,25% a un máximo del 7,25% en el mejor de los casos.

En cualquier caso, Hacienda y los sindicatos se volverán a reunir este miércoles a las 16.00 horas para seguir negociando la parte de subida variable, ya que los sindicatos lo ven "insuficiente" y reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.

La cifra final se fijará definitivamente en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para el jueves y en la que están representados tanto los sindicatos como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre y en el que se incluirá la subida salarial de los funcionarios para 2018.

Esta subida será la tercera consecutiva, tras los alzas del 1% aprobados tanto en 2016 como en 2017, después de la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy. Además, Rajoy suprimió la paga extra de Navidad de 2012, si bien posteriormente fue devuelta en su totalidad.

PROPUESTA "RÁCANA" E "INSUFICIENTE"

El secretario de Organización de FeSP-UGT, Fréderic Monell, indicó que a pesar de que la Administración ha mejorado su propuesta, (al elevar el incremento trianual a un máximo del 7,2% desde el 6% que ofreció en la reunión del jueves pasado), sigue siendo "insuficiente".

"Va a quedar pendiente de lo que la Administración sea capaz de plantear en el terreno, que es fundamental en esta negociación, de recuperar poder adquisitivo por parte de empleados públicos", remarcó Monell, quien insistió en que se ha producido una pérdida "muy importante" de poder adquisitivo y las recuperación ofrecida por Hacienda no llega a cuantías "significativas".

Por ello, los sindicatos han planteado a Función Pública que revise el criterio relativo a la parte variable de la subida salarial, ligada a la evolución del PIB, por lo que en principio esperan que Hacienda mejore esa parte en la nueva reunión.

Asimismo, el secretario general de FSC-CCOO, Pepe Fernández, indicó que el esfuerzo realizado por los empleados públicos en los últimos años "no se ve recuperado en poder adquisitivo" y tildó de "rácana" la propuesta salarial.

No obstante, Fernández aseguró que los sindicatos tienen la "voluntad" de poder alcanzar un acuerdo, siempre y cuando haya "elementos suficientes para ello", de lo contrario podrían llegar a movilizar al sector público.

De su lado, el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, rechazó la propuesta de subida salarial de Hacienda, ya que calcula una pérdida del poder adquisitivo del 20%, por lo que el ofrecimiento es "totalmente insuficiente".

Iglesias ve necesario que Hacienda lleve el miércoles una propuesta "más ambiciosa, ya que de lo contrario "será prácticamente imposible llegar a un acuerdo".

MEJORA DE LA TASA DE REPOSICIÓN

Por otra parte, Hacienda trasladó a los sindicatos su intención de mantener la tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios, pero aumentarla un 25% en el resto de los sectores, pasando del 50% actual al 75%. Además, se elevaría al 115% la tasa de reposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, Iglesias apuntó que seguirán dialogando y han valorado otras propuestas, como la de generalizar el acuerdo de estabilización a todos los interinos.

SIN JORNADA DE 35 HORAS

Por el contrario, sobre la jornada laboral de 35 horas, Hacienda ha comunicado a los sindicatos que no ve posible su petición de volver a recuperar lo establecido anteriormente en el Estatuto Básico, de forma que cada administración tenga margen para establecer sus jornadas, con un tope máximo.

En concreto, las organizaciones sindicales piden volver a la situación anterior del Estatuto Básico del empleado público, en la que había una jornada máxima de 37,5 horas, así como que las distintas administraciones puedan establecer jornadas distintas adecuadas a sus características laborales y que acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.