Hacienda aborda mañana con los sindicatos la interinidad de los empleados públicos

Al encuentro acudirán representantes del Ministerio de Hacienda y de las organizaciones sindicales (CC.OO., UGT y CSIF), tras la última reunión entre las partes, que tuvo lugar el pasado 14 de febrero, a la que asistió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en la que hablaron sobre el empleo público y las condiciones laborales de los tres millones de funcionarios y empleados públicos.

En ese encuentro, Montoro planteó a los sindicatos del sector público reactivar el diálogo con una negociación a tres años sobre condiciones laborales, aunque evitó concretar una revisión salarial a la espera de los Presupuestos de 2017 y su negociación, según explicaron los sindicatos.

PIDEN UNA OFERTA DE 350.000 EMPLEOS PÚBLICOS

Tras esta reunión, CC.OO. y UGT enviaron una carta a Montoro en la que le pedían la eliminación de la tasa de reposición y un incremento progresivo de las plantillas, conforme a las necesidades de los servicios públicos en cada administración.

Igualmente, reclamaban una oferta de empleo público excepcional de 356.000 plazas para regularizar la situación de plazas estructurales presupuestadas, vacantes u ocupadas por interinos, así como revisar la normativa española para adaptarla a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la temporalidad.

Los sindicatos piden a Montoro un aumento del salario de los empleados públicos que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

De su lado, CSIF propone realizar un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de las plantillas, limitar el interinaje a dos o tres años, establecer la obligación de crear una plaza cuando se detecte una necesidad estructural, eliminar la tasa de reposición, y convocar una oferta de empleo público excepcional acorde a las necesidades de las plantillas.

Las centrales sindicales denuncian un déficit de 300.000 puestos de trabajo públicos desde 2011 por la no cobertura de jubilaciones, en un contexto, además, que se ve agravado por el envejecimiento de la plantilla pública, ya que el 63% tiene más de 50 años, y en torno a 230.000 se encuentran a las puertas de la jubilación.

De esta forma, las organizaciones sindicales podrían abordar con Hacienda en el encuentro de esta semana la sentencia europea que instaba a España equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los indefinidos, y las medidas a tomar sobre el análisis realizado por el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo, que recomendó una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días para los interinos.

PLAN PARA REDUCIR EL NÚMERO DE INTERINOS

Por el momento, Hacienda está examinando con los sindicatos y las comunidades autónomas un plan, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, con el que pretender reducir la temporalidad en el sector público haciendo fijos a los empleados públicos interinos de Educación y Sanidad, según informaron en fuentes ministeriales.

La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que el sector público destruyó 14.600 empleos en 2016 y, según los sindicatos, el 35% de la plantilla del Sistema Nacional de Salud y el 25% de los profesores no universitarios son interinos. A nivel general estiman una tasa de interinidad próxima al 25% en todo el sector público.

La semana pasada el sector de Educación de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunció que con la ausencia de oposiciones docentes este año se dejarán sin cubrir 50.000 plazas, por lo que pidió al Gobierno que apruebe un decreto ley para que, en el caso de que no haya Presupuestos en 2017, dé seguridad jurídica a las comunidades autónomas, que son las que convocan las plazas.

En cuanto al ámbito sanitario, fuentes de UGT indicaron que la temporalidad en el sector roza casi el 40%, alcanzando en algunas comunidades el 60%, como en el caso de Canarias, por lo que reclamaron la eliminación de la tasa de reposición.

En el marco de la Mesa de Negociación se constituyeron a finales del año pasado dos grupos de trabajo, uno con los sindicatos y otro con las comunidades autónomas. Así, tras producirse una primera reunión intermedia del grupo de trabajo se entregaron unos documentos a las organizaciones sindicales por parte del grupo de trabajo de las comunidades autónomas que contenía propuestas para reducir la temporalidad.

De esta forma, los sindicatos están trabajando para presentar próximamente sus alegaciones a dichas propuestas, que volverán al ámbito de la negociación y podrán consensuarse para alcanzar o no un acuerdo definitivo.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo la semana pasada una reunión con Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente al a Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.