Guindos prevé mayor transparencia en grandes empresas por la norma que les exigirá información no financiera

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha augurado este miércoles que la convalidación del decreto ley para exigir a las grandes empresas más información no financiera y compromisos en materia medioambiental y prevención de corrupción aumentará la transparencia de las grandes empresas y la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en ellas.

Así lo ha señalado durante su intervención en el último pleno del Congreso del año en el que se ha debatido la convalidación del real decreto-ley que transpone la directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

El Pleno del Congreso convalidará la norma con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV y el PdeCAT, y la abstención del PSOE, Unidos Podemos y ERC, que solicitarán su tramitación como proyecto de ley, con el fin de poder introducir enmiendas.

De Guindos ha defendido el decreto porque permitirá identificar riesgos para la sostenibilidad y "aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad", así como la transparencia de las grandes empresas.

Además, ha justificado el retraso en la trasposición de la directiva, cuyo plazo límite venció en diciembre del año pasado, en la falta de un Gobierno con plenas funciones, lo que "no ha facilitado la tarea".

Por este retraso la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España que, si llega a culminar en la presentación de una denuncia ante el TJUE, podría conllevar la imposición de una multa a contar desde el día límite para la trasposición, motivo por el que Guindos considera "más que justificada" la urgencia y extraordinaria necesidad del decreto-ley.

La norma establece que las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, su personal, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno, de forma que deberán incluir las medidas encaminadas a la igualdad de género, el medio ambiente, en materia de derechos humanos, para impedir abusos y los recursos internos para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros.

El ministro ha explicado que esta norma atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

LA OPOSICIÓN CRITICA EL RETRASO DE UNA TRANSPOSICIÓN "DE MÍNIMOS"

Por su parte, desde la oposición han criticado que se haya vuelto a utilizar el recurso del decreto-ley y el retraso en la transposición de la directiva, así como que ésta sea "poco ambiciosa" por parte del Gobierno, por lo que el PSOE, Unidos Podemos y ERC solicitarán su tramitación como proyecto de ley.

La diputada del PSOE Patricia Blanquer ha criticado que la transposición llega "muy tarde y con carencias", al ser España el último país en transponer la directiva y al "desaprovechar" la oportunidad de concretar la información para que sea comparable entre empresas.

"El Gobierno ha hecho una transposición blanda y deja la puerta abierta a la omisión de información", ha reprochado Blanquer, quien ha avanzado que en la tramitación se deberá profundizar en que los directivos tomen conciencia en materia de RSC, y en que se suministre información sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres, por niveles profesionales y sobre la política de conciliación, así como la relativa a planificación fiscal para evitar la elusión fiscal, de forma que las grandes empresas informen sobre los países en los que operan y tributan.

En esta línea, el diputado de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, Segundo González, también ha censurado que la transposición llegue "mal y tarde" y su contenido sea "demasiado genérico", por lo que ha abogado por ampliar la incidencia de la norma.

González cree que la norma tendrá menor incidencia que lo fijado en la directiva, ya que al decreto-ley se le añade el requisito de que, además contar con más de 250 trabajadores, tengan un volumen de negocio superior a 40 millones de euros.

Desde Ciudadanos, el diputado Rodrigo Gómez también se ha sumado a las críticas por el uso reiterado del Gobierno de la fórmula del decreto-ley y el retraso en la transposición de directivas, ya que hasta principios de noviembre estaban pendientes 32 directivas, algunas con fecha límite de transposición en julio de 2015.

Por ello, ha defendido que "España se merece que cumplamos a tiempo" y el Gobierno "tiene que empezar por cumplir y dar ejemplo", si bien ha valorado el "poco ambicioso" decreto-ley porque permitirá medir los riesgos para la sostenibilidad de las empresas y contribuirá al a confianza de los consumidores.

En esta línea, la diputada de ERC Teresa Jordà ha advertido de que la norma presenta "defectos formales importantes" y ha criticado que para el PP sea "habitual" tener la necesidad de convalidar o derogar reales decretos por presentar al límite o fuera de plazo la transposición de directivas. "España tiene el récord de incumplimiento de directivas europeas, lo aplican mal y abusando del recurso del decreto-ley", ha denunciado.

Por su parte, Idoia Sagastizabal, del PNV, ha abogado por que el número de empresas obligadas a suministrar información no financiera aumente paulatinamente ya que la directiva es "de mínimos" y el decreto debería haber sido "más ambicioso", mientras que Carles Campuzano, del PdeCAT, ha valorado que se dé un "paso importante" en el desarrollo de la RSC de las empresas, pero ha abogado por incorporar lo relativo a la fiscalidad.

Por último, la diputada del PP Teresa Palmer ha defendido que el beneficio empresarial no puede ser el único objetivo de las empresas, sino que hay que trabajar por una "mayor transparencia, responsabilidad medioambiental y una estructura salarial justa". Palmer ha justificado el uso del decreto-ley ante el retraso de la transposición.