El Gobierno recurre ante el TC la extra de navidad de los funcionarios vascos

El Ejecutivo anunció sus intenciones el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, y ha acelerado los trámites para evitar que esa paga llegue a pagarse en los próximos días.

El TC decidirá sobre la admisión a trámite de este asunto en su próximo pleno y, si lo acepta, suspenderá la aplicación de la norma vasca al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Constitucional para ratificar o levantar la suspensión, a la espera de una resolución del conflicto.

El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, anunció su intención de pagar esta extraordinaria en diciembre a sus 67.000 empleados públicos porque así lo recoge su Ley de Presupuestos; como esta norma no fue modificada tras el Real Decreto de julio, considera que sigue en vigor y debe cumplirla. Dedicará a este fin 207 millones de euros.

El Ejecutivo del PP esgrime sin embargo a su favor que el Estado es legítimo "para establecer límites retributivos de los empleados públicos, que operan como límites de la autonomía financiera autonómica, según se establece en la doctrina del propio Tribunal Constitucional".

Argumenta también el artículo 2 del citado Real Decreto, que establecía que el personal del sector público, incluido el autonómico, "verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes".

Así las cosas, para evitar que la paga llegue a pagarse en los próximos días, el pasado viernes el Gobierno dio tres días al Consejo de Estado para que le informase y poder acudir esta misma semana al Constitucional.

Navarra y Extremadura también pagarán una extra en Navidad a sus funcionarios

El Gobierno estudia también el caso de otras dos comunidades que también van a pagar una extra en Navidad a sus funcionarios, Extremadura y Navarra, aunque lo harán en enero y, técnicamente, supondrá un adelanto de la paga de verano.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó el pasado lunes que la ley impide este abono y que ante la ley, no caben "subterfugios". "Existe una ley que impide el pago y el Gobierno va a hacer efectivo esa ley.

Que le quede claro a todo el mundo", incidió, para advertir de que "quien no tenga entereza política para hacerlo desde su gobierno que deje el gobierno".

"Estamos para ganar seriedad y no para dar la otra imagen de gobernantes que parece que siempre lo que tratan es de evitar el concepto de aplicación de las leyes", aseveró el ministro.