El Gobierno aprueba este viernes un convenio para cuando reviertan al Estado las 9 autopistas en quiebra

El Consejo de Ministros aprobará este viernes al convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), empresa de tiularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018.

Fuentes del Ministerio de Fomento han explicado que Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que se liquidarán en ocho concesiones distintas que saldrán a concurso en uno o dos bloques, según la opción que el estudio de demanda considere óptima.

La previsión es que las ubicadas en los alrededores de Madrid salgan en un solo bloque, y la opción que parece más viable es que las otras -de menor tamaño- se integren en el mismo.

A partir de este viernes, la empresa pública obtendrá la luz verde para comenzar a elaborar los pertinentes estudios de viabilidad y de demanda, así como los pliegos para relicitar las autopistas.

El Ministerio estima que las autopistas reviertan a Seittsa en el primer cuatrimestre de 2018, para que la licitacion se complete en el segundo cuatrimestre de ese año y que la adjudicación se produzca en el tercero, momento a partir del cual el nuevo concesionario podrá empezar a explotar la autopista.

EVITAR DESVIACIONES EN EL DÉFICIT

En cuanto al coste patrimonial que tendrá que asumir el Gobierno, Fomento ha asegurado que será menor a los 3.500 millones de euros en los que lo cifra el Tribunal de Cuentas, ya que esta cifra es la suma de todos los límites máximos que ofertan los pliegos.

El objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos.

Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si finalmente los se produce una reversión anticipada de los activos a la Administración.

No obstante, fuentes de Fomento aseguran que el balance será positivo. El valor de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) será el que compute en el déficit y se fijará conforme a la ley. Posteriormente, el concesionario podrá no estar de acuerdo y presentar un recurso para que finalmente sea un juez el que fije la cantidad, pero la RPA oficial inicial dependerá del momento en el que se produzca la reversión.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Según los cálculos basados en las cuentas auditadas de 2016, la previsión es que estas autopistas ingresen por el tráfico 100 millones de euros en 2018.