El Gobierno se reunirá el 11 de abril con CC.AA. y agentes sociales y económicos para hablar de empleo juvenil

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, donde también ha apuntado que esta continuación de la conferencia de presidentes para hablar de empleo se centrará sobre todo en el empleo juvenil.

El presidente del Ejecutivo también ha señalado que durante este encuentro se va a ver cuál es el grado de ejecución de las cantidades destinadas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil por parte de las comunidades autónomas.

El objetivo será intentar que se ejecute lo máximo posible. La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil surgió con 6.400 millones de euros, de los cuales 1.886 millones se destinaron a España. Además de este importe, el Gobierno decidió combinar estos recursos con otros del Fondo Social Europeo, hasta alcanzar un total de 2.360 millones de euros.

Además, está previsto que se realice una asignación adicional, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, de 900 millones de euros, que incrementaría la dotación del importe de este programa operativo hasta los 3.260,6 millones de euros.

La mitad de esta cantidad debe ser invertida por las comunidades autónomas, ya que es de su competencia. En este contexto, Rajoy ha afirmado que el gasto de ejecución en la actualidad es de 1.365 millones de euros, por lo que "está funcionando razonablemente", aunque reconoció que tuvo "problemas al principio".

La garantía juvenil persigue que los jóvenes reciban una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Con la aprobación por Consejo de Ministros del Real Decreto-Ley del pasado 23 de diciembre, se introdujeron modificaciones que simplificaban el registro a este sistema.

En concreto, desde finales de diciembre de 2016, a los jóvenes que quieran adherirse a este sistema les bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la solicitud de inscripción para cumplir los requisitos, en lugar de los tres meses sin haber recibido formación o los 30 días sin empleo que exigía la regulación anterior.

Con esta norma, las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social se convierten en bonificaciones (con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y no a la Seguridad Social) para los incentivos a la cotización a través de la tarifa plana de trabajadores autónomos o la contratación para la formación y el aprendizaje que beneficien a los jóvenes inscritos al sistema.