El Fogasa justificó la racionalidad económica de contratar a Tragsatec para agilizar sus expedientes

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) presentó una serie de alegaciones al anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo en el ejercicio 2013 en las que justificó la racionalidad económica de contratar a la empresa pública Tragsatec para agilizar la tramitación de expedientes ante el colapso que sufría.

En concreto, el Fogasa contabilizaba a finales de 2013 una bolsa de 123.995 expedientes, un volumen que califica de "inabarcable" para su plantilla, con sus unidades "absolutamente colapsadas" y las oficinas "bloqueadas", según consta en las alegaciones a las que tuvo acceso Europa Press.

Por ello, elaboró un plan de viabilidad en el que se entendía que la mejor solución era formalizar una encomienda de gestión con Tragsatec en el marco del Proyecto Greta, y se sometió al criterio de la Abogacía del Estado, que emitió un informe al respecto.

El Fogasa cifró en 3.207.000 euros el coste de la encomienda de gestión a Tragsatec y explicaba que esta solución "no ha sido antieconómica" y no puede ni debe comprararse con el coste que ello hubiera supuesto por los funcionarios del Fondo.

Así, aclaró que esa comparación no era real por un motivo fundamental, y es que el Fogasa no disponía de personal suficiente. Y la opción de contratar a interinos para suplir las carencias de plantilla hubiera triplicado el coste.

A este respecto, revelaba en sus alegaciones el contenido de una propuesta sindical que fue objeto de estudio por parte de la Secretaría general de Empleo, consistente en la contratación de 320 interinos por 18 meses, y concluía que el coste de dichas contrataciones rozaría los 10 millones de euros. "Ello supone un coste que triplica el de la encomienda de gestión", subrayaba.

Asimismo, el Fogasa afirmaba que tampoco podía compararse el supuesto precio por expediente en el proyecto Greta (21,78 euros) con la gratificación que se abonaba a los funcionarios en el plan de choque, y tampoco cabía pensar que el volumen de expedientes afectado por dicho programa hubiera podido ser asumido por el personal del Fogasa instruyendo expedientes fuera de jornada, lo que hubiera supuesto casi cuatro años.

En sus alegaciones, el Fogasa calculaba que la totalidad de los expedientes afectados por el Proyecto Greta estarían resueltos a 31 de octubre de 2014, acabando así con el "colapso" sufrido.

PROTECCIÓN DE DATOS

Además, el Fogasa certifica que Tragsatec cumplió "escrupulosamente" con sus obligaciones en el tratamiento de datos y remitió los compromisos de confidencialidad cumplimentados por cada uno de los trabajadores que prestaron sus servicios para la ejecución de la encomienda de gestión.

El Fondo de Garantía Salarial advertía de que todo análisis del funcionamiento del organismo debe hacerse bajo la premisa del "grave problema de déficit de plantilla", circunstancia que no puede obviarse y que no es teórico, sino que se refleja en todos los aspectos y rincones del Fondo. "La insuficiente plantilla del Fogasa es la causa fundamental de casi la totalidad de sus problemas de funcionamiento", aseguraba.

De su lado, el Tribunal de Cuentas señalaba en su informe de fiscalización que la encomienda a Tragsatec fue "antieconómica" para el Fogasa, ya que el número medio mensual de expedientes aprobados en 2013 sin la colaboración de la filial de Tragsa fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados en los primeros meses de 2014, y el coste medio de los casos asumidos por ésta resultó un 1.077% superior al de los que tramitaron funcionarios del Fondo. "Si el trabajo lo hubieran realizado los propios funcionarios, según el Tribunal habría costado apenas 274.281 euros, un 91,6% menos", afirmaba.

Por contra, desde Empleo destacaban que en 2014 se resolvieron gracias a estas medidas unos 300.000 expedientes, frente a los 166.788 del ejercicio anterior, "duplicándose" el ritmo de resolución y "eliminando el atasco".