Fedetaxi prepara una plataforma tecnológica y un frente en Bruselas contra Uber

En el encuentro, en el que estarán representados cerca de 40.000 taxistas a través de distintas asociaciones, se acordará previsiblemente la creación de una asociación europea en la que participarán, entre otras, las asociaciones portuguesas de taxistas, y que tendrá como cometido "para combatir el lobby de Uber en Bruselas".

La asamblea comenzará además con la incorporación formal de la hasta ahora segunda asociación de taxistas a nivel estatal, UNALT, así como de los taxistas de aragoneses de APATZ, junto con otras adscripciones que llevarán a Fedetaxi a convertirse en la mayor organización de taxistas de España y de Europa.

La entrada en liquidación por concurso de acreedores de la tercera asociación española (CTE), consolida esta organización como la entidad de referencia de los taxistas españoles.

Según su presidente, Miguel Ángel Leal, Fedetaxi es "la casa común del taxi, donde caben todos, con la única excepción de aquellos que, traicionando al taxi y centrándose únicamente en su afán lucrativo, se han pasado al segmento de las VTC (vehículos de alquiler con conductor)"

En este contexto, la organización va a promover en las próximas semanas, junto con las dos asociaciones portuguesas representativas, ANTRAL y FATP, y las de otros países de la UE, la constitución de una Alianza Europea de Taxistas que operará desde la sede que Fedetaxi ya tiene en Bruselas y cuyas primeras actuaciones se desarrollarán a partir del mes de diciembre.

En la asamblea, también se trabajará para adoptar medidas en "defensa del sector ante las redes ilegales de transporte y la falsa economía colaborativa a nivel estatal, la mejora de la imagen y modernización del sector, la promoción de su competitividad y tecnología y la implantación de medidas contra el intrusismo como el refuerzo de las inspecciones y policías locales en materia de vehículos de transporte de viajeros hasta 9 plazas".

La organización también aboga por el desarrollo de la PNL aprobada en la pasada legislatura para implementar un color de matrícula específico (azul) para los vehículos de transporte público de viajeros hasta nueve plazas, pendiente de la constitución de Gobierno.