Báñez afirma que en España el despido debe ser “el último recurso”

Uno de los reales decretos aprobados en el Consejo de Ministro establece que la supresión de la autorización administrativa previa en los despidos colectivos, que se sustituirá por una comunicación a la autoridad general de empleo.

Además, si el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores, las empresas deberán aportar un plan de recolocación. Este plan solo será aplicable, en el caso de empresas del sector público, cuando se financien en más de un 50% por los mercados.

También se ha aprobado que las empresas con dos años de beneficio y más de 100 trabajadores que se acoja a un despido colectivo que afecte a trabajadores de 50 años deberá ingresar en el Tesoro los costes que para el Estado tiene este proceso de despido.

Fátima Báñez ha explicado que el objetivo de los reales decretos aprobados hoy y que desarrollan la reforma laboral tienen como "único objetivo frenar la destrucción de empleo y que cuando volvamos a crecer se cree empleo estable y de calidad y que en España el despido sea el último recurso".

Estas palabras llegan el día en que se conoce que el paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5% más, situándose el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.

La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02%, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de estos datos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado que en el sector privado es de 500 personas y que por tanto, "el ajuste se está produciendo en el empleo público" porque las administraciones, sobre todos las regionales, "están haciendo un esfuerzo de contención del gasto público".

Pacto de Toledo

La ministra de Trabajo también ha explicado que presentará un informe en el Pacto de Toledo para intentar acercar la edad eral de jubilación, 63,6 años, a la edad legal, 65 años. El documento analiza la situación de las jubilaciones parciales y anticipadas.